Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, ha manifestado su preocupación por la actual situación de la patronal, a la que considera "desdibujada". Durante su intervención este lunes, expresó su deseo de que la propuesta de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sea tramitada con urgencia la próxima semana para su debate en el Congreso.

En este contexto, Díaz defendió la legalidad de la reducción de la jornada, refutando las críticas de la CEOE al respecto. Se apoyó en un fallo del Tribunal Constitucional de 1990 que ya había respondido a un recurso de la patronal contra la jornada de 40 horas establecida en 1983, argumentando que dicha medida no solo es constitucional, sino que además respalda la negociación autónoma entre sindicatos y empresarios.

Durante los 'Desayunos Informativos de Europa Press', la ministra describió la reducción de la jornada como un "proyecto de país" respaldado por una alta aceptación social, aunque también con focos de oposición significativos, tanto en la patronal como en ciertos sectores políticos. La realidad, según Díaz, es que afirmar que la intervención del Gobierno en este ámbito es inconstitucional es comparable a cuestionar el aumento del salario mínimo, sugiriendo que directamente desafía el marco legal de las relaciones laborales.

Díaz criticó la estrategia actual de la CEOE, sugiriendo que su enfoque no representa los intereses genuinos de los empresarios, sino que se ha convertido en una herramienta política que perjudica incluso a la propia patronal. Resaltó que, en pleno siglo XXI, hacer declaraciones que se opongan al pago de cotizaciones sociales es un grave error, ya que la construcción del estado del bienestar se basa precisamente en estas contribuciones.

Además, subrayó la incoherencia de que la patronal critique al Gobierno por intentar reducir desigualdades, enfatizando que afirmaciones como la de denominar a España una "república bananera" son injustas. Este reproche se extiende también a la oposición política, especialmente hacia el Partido Popular, el cual considera que se encuentra en una competición por seguir la línea de Vox en lugar de enfocarse en el bienestar de la ciudadanía, como se evidenció en su rechazo a medidas que impactan directamente en la vida de los españoles.

Para Díaz, el ataque dirigido no solo es al Gobierno sino que, en última instancia, afecta a millones de ciudadanos, entre ellos, pensionistas y aquellos que dependen de servicios sociales. A lo largo de su discurso, enfatizó la importancia de la próxima reunión de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, que discutirá la reducción de la jornada laboral, con la esperanza de que esto se traduzca en una resolución positiva que finalmente se presente en el Congreso de los Diputados.

La ministra concluyó destacando que la meta no es solo mantener el poder, sino transformar de forma efectiva la vida de la ciudadanía mediante la consecución de derechos e igualdad, reafirmando el compromiso del Gobierno de España por avanzar en esta dirección.