En un pronunciamiento claro y decidido, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró que la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin implicar una disminución salarial es un objetivo que se alcanzará para el 31 de diciembre de 2025. Esta afirmación marca un compromiso firme con la mejora de la calidad de vida de la población trabajadora, estableciendo que todos los asalariados del país, sin excepción, se beneficiarán de esta medida.

Díaz compartió esta información durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde también dejó claro que el acuerdo con los sindicatos es inminente. Con la finalización de este acuerdo, se iniciará de inmediato la tramitación de la propuesta en el Congreso como un anteproyecto de ley, un paso que evidencia la determinación del gobierno en avanzar hacia este cambio significativo.

Defendiéndose de las críticas que ha recibido por su enfoque en esta política, la ministra destacó que su verdadero interés es que las personas trabajen menos para disfrutar de una vida más plena. En sus palabras, su “obsesión” se centra en la búsqueda del bienestar de los trabajadores, cuestionando las razones detrás de las objeciones de algunos sectores empresariales a esta reducción de jornada.

De manera contundente, Díaz retó a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) a explicar por qué se oponen a una medida que, según ella, tiene un impacto de género significativo. Aludió a la necesidad de proteger a las mujeres trabajadoras, quienes son directamente afectadas por la desigualdad en el ámbito laboral. Subrayó que la negativa a bajar la jornada no solo perpetúa la discriminación, sino que también es un castigo hacia un grupo vulnerable dentro de la fuerza laboral.

Además, la ministra planteó un crítico análisis sobre la visión de la patronal, sugiriendo que su postura genera una jerarquía entre los empleados, creando lo que considera “trabajadores de primera y de segunda categoría”. Recordó que los empleados públicos ya disfrutan de una jornada más corta y cuestionó por qué no se aplica la misma lógica a la mayoría de los trabajadores, dada la situación de crecimiento económico en el país.

Refiriéndose a las declaraciones del presidente de la patronal y a una controversia reciente, Díaz señaló que la dirección de la CEOE parece más alineada con intereses políticos que con la defensa de un diálogo social constructivo. Según su perspectiva, es fundamental que los agentes sociales prioricen el bienestar general en lugar de intereses específicos.

Por otra parte, la ministra dejó claro que el Gobierno se compromete a cumplir con el acuerdo establecido entre el PSOE y Sumar. Este acuerdo afirma que todos los trabajadores verán reducida su jornada laboral para la fecha mencionada, y que se atenderán las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto a la discriminación de género en el ámbito laboral.

En referencia a la posibilidad de que la reducción de la jornada afecta desproporcionadamente a los trabajos a tiempo parcial, Díaz enfatizó que dicha modalidad está íntimamente relacionada con el trabajo femenino, advirtiendo del riesgo de penalizar a estas trabajadoras mediante la implementación de la nueva normativa. Manifestó su confianza en que el Gobierno actuará de manera justa y equitativa.

Díaz también expresó que, a pesar de que las iniciativas del Ministerio de Trabajo han sido objeto de discusión, hoy en día son reconocidas y valoradas por la sociedad. La reducción de la jornada laboral se plantea como una norma que, en su opinión, marcará un hito en la historia del trabajo en España.

Al ser preguntada acerca del apoyo que podría recibir esta medida de Junts en el Congreso, la ministra manifestó que su principal preocupación radica en la actitud del Partido Popular. Cuestionó su lealtad a los trabajadores y recordó actitudes pasadas que habían debilitado avances laborales, enfatizando la necesidad de esperar una postura constructiva de esta formación política.

Expresando la voz de la ciudadanía, Díaz subrayó que la mayoría de los españoles respaldan la reducción de la jornada, y advirtió que quienes se opongan a esta medida se arriesgan a ser cuestionados por sus propios electores. Dos de cada tres ciudadanos, independientemente de su afiliación política, están a favor de este cambio.

Por último, la vicepresidenta mencionó que están en contacto con diversas formaciones políticas para hablar sobre la reducción de la jornada, excluyendo únicamente a Vox. Reiteró que el objetivo es determinado: decidir si se está del lado de los trabajadores o si se priorizan los intereses partidistas sobre el bienestar colectivo.