En un entorno lleno de tensiones laborales, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha manifestado su intención de reunirse con la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, para discutir el impacto del expediente de regulación de empleo (ERE) propuesto por Telefónica, que afectaría a más de 6.000 trabajadores. A pesar de su deseo de intervenir, Díaz ha reconocido que sus competencias son limitadas en este caso.

Durante una entrevista en el programa 'Al Rojo Vivo' de 'La Sexta', Díaz subrayó su postura enérgica respecto al ERE, calificándolo de "gravísimo" dado que la empresa en cuestión reporta beneficios y cuenta con participación estatal, financiada con recursos de los contribuyentes. "El uso de dinero público para acometer despidos masivos no es aceptable", afirmó contundentemente.

La ministra reiteró su firme convicción de que despedir empleados bajo estas circunstancias es inadecuado y que ha presentado una carta a la presidenta de la SEPI, expresando claramente su desacuerdo con el enfoque del ERE. "La situación es clara: una empresa que arroja beneficios no debería despedir a más de 5.000 trabajadores", añadió, enfatizando su compromiso de ser parte del diálogo en este proceso.

Es importante destacar que la reciente comunicación enviada al SEPI por el Ministerio de Trabajo calificó de "indecente" el ERE presentado por Telefónica. Esta empresa cuenta con un 10% de su capital en manos del Estado, tras una inversión significativa de casi 2.300 millones de euros el año pasado.

En declaraciones posteriores al Consejo de Ministros, Díaz reafirmó que "el dinero público no debe utilizarse para despedir a nadie", independientemente de lo favorables que sean las condiciones de salida. "Es inadmisible que una empresa que beneficia de recursos públicos despida a tantos trabajadores", enfatizó.

La postura de Díaz contrasta notablemente con la narrativa mayoritaria del Gobierno, la cual sugiere que cualquier proceso de despido colectivo debe ser consensuado entre las partes social y empresarial. En este sentido, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aclaró que Telefónica no es una empresa pública, subrayando su mayoría de capital privado y enfatizando la importancia de la negociación en las decisiones sobre despidos.

Desde la SEPI, se ha indicado que su enfoque está alineado con la postura del Gobierno, insistiendo en la necesidad de acuerdos con la parte social para abordar cuestiones de empleo. "Las decisiones que impacten a la plantilla deben surgir de la negociación y el consenso", confirmaron fuentes oficiales.

El ministro de la Transformación Digital, Óscar López, también ha afirmado que el ERE debe desarrollarse dentro de un marco de diálogo con los representantes de los trabajadores. "El Gobierno es claro: cualquier decisión debe ser tomada en accord con los sindicatos", reiteró López, apuntando a un compromiso constante por parte del Ejecutivo en este asunto.

Asimismo, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se comprometió a mantener un seguimiento activo del proceso del ERE, asegurando que la negociación se realice con la participación activa de los sindicatos. "Los representantes laborales están analizando la propuesta de Telefónica y es fundamental que las condiciones sean mejoradas en la medida de lo posible", concluyó Cuerpo, reafirmando la importancia de un enfoque colaborativo en la resolución de esta compleja situación laboral.