El próximo viernes, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, llevará a cabo la firma de un importante acuerdo junto a los líderes de los sindicatos CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente. Este pacto persigue la ambiciosa meta de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, un paso que ha sido anunciado por ambos sindicatos y que marca un hito en la lucha por mejorar las condiciones laborales en España.

La ceremonia de firma está programada para las 11:00 horas en el Ministerio de Trabajo, y con ello se culmina un proceso de negociación que se ha extendido durante 11 meses. Este proceso ha transcurrido por diversas fases, que incluyeron diálogos entre sindicatos y la patronal, así como una negociación tripartita, y en las últimas semanas se ha centrado exclusivamente en las conversaciones entre el Gobierno y los sindicatos.

No obstante, aún es incierto el contenido final del acuerdo. Yolanda Díaz ha reconocido que existe un desacuerdo entre su Ministerio y el de Economía, liderado por Carlos Cuerpo, en lo que respecta a los plazos para implementar la jornada laboral reducida. Mientras que Díaz aboga por una aplicación inmediata, el Ministerio de Economía propone un enfoque más gradual, extendiendo el proceso más allá del año 2025.

La ministra Yolanda Díaz tiene la firme intención de que para el 31 de diciembre de 2025, todos los trabajadores dispongan de una jornada de 37,5 horas semanales, tal como se estipula en el acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar. En contraste, Carlos Cuerpo sugiere que esta modificación debería llevarse a cabo de forma progresiva y que los cambios podrían extenderse más allá de la fecha límite propuesta.

Este jueves, Díaz subrayó la importancia de cumplir con lo pactado, señalando que la prolongación de la legislatura da margen para avanzar en la reducción de jornada. "Lo que dice es que hay que llevar la rebaja de jornada más allá; la legislatura es larga", enfatizó la ministra, quien también insistió en la necesidad de respetar los compromisos adquiridos en el acuerdo de investidura para no "engañar" a los trabajadores que esperan con expectativa el cambio prometido.