Díaz promete avanzar con el nuevo registro horario como su legado final.
Madrid, 25 de marzo.
La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha manifestado su firme compromiso con la implementación del Real Decreto sobre el control horario, asegurando que este proyecto se llevará a cabo "aunque sea lo último que haga".
Durante la Sesión Plenaria del Congreso de los Diputados, Díaz respondió a las inquietudes del diputado de ERC, Jordi Salvador, quien cuestionó cómo garantizaría que el nuevo registro horario se materializara, especialmente después de un dictamen negativo del Consejo de Estado, que, según él, estuvo influenciado por un boicot dentro del Ministerio de Economía.
La ministra recordó que la necesidad de un registro horario adecuado proviene de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que exige a España contar con un sistema "eficaz, objetivo y verificable". A pesar de las resistencias encontradas en algunos partidos como Junts, PP y VOX, que frenaron la reducción de la jornada a 37,5 horas, Díaz insistió en que la reforma del registro horario es un compromiso del Gobierno que se cumplirá.
Díaz calificó de "muy grave" el dictamen adverso del Consejo de Estado, el cual se basa en dos informes del Ministerio de Economía que favorecen a un sector empresarial que, según ella, evade sus responsabilidades en materia de derechos laborales.
"No me convertiré en cómplice de aquellas empresas que ignoran el pago de horas extras y desatienden los derechos de los trabajadores", enfatizó la ministra, reafirmando que los planes para modificar el registro horario mantendrán su curso.
Además, el diputado de ERC indagó sobre cuándo España cumpliría con la Carta Social Europea y reformaría el régimen de despidos para que deje de ser una alternativa "barata y fácil".
En respuesta, Díaz indicó que está a la espera de propuestas de las organizaciones sindicales para avanzar hacia un sistema de despido que respete la normativa vigente, reconociendo que en España, despedir a un trabajador es "demasiado económico".
La ministra subrayó que esta situación vulnera la Carta Social Europea, citando el caso de una cajera con un año de antigüedad cuyo despido costaría aproximadamente 1.400 euros, lo que ella calificó de "prácticamente gratuito", desmintiendo así las afirmaciones de la "derecha y la extrema derecha".