Díaz sostiene que el IVA propuesto por Junts para el decreto anticrisis es una cuestión de justicia.

El pasado jueves en Madrid, Yolanda Díaz, quien ocupa el cargo de vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, abogó por la implementación del IVA franquiciado para autónomos. Esta medida ha sido solicitada por Junts como condición para respaldar el decreto de medidas anticrisis que se discutirá en el Congreso.

Durante su participación en un foro económico organizado por el diario.es, Díaz se mostró “totalmente favorable” a la transposición de la directiva que permitiría a los autónomos que facturan menos de 85.000 euros al año no pagar ni declarar el IVA. “Soy una firme defensora de las directivas, me gusten o no, y pienso que esta en particular es justo que se implemente en España”, enfatizó la ministra.

A pesar de que la directiva sobre el IVA franquiciado debería haberse puesto en marcha el 1 de enero de 2025, el Gobierno aún no ha cumplido. Como resultado, la Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, convirtiéndola en la única nación de la UE que no ha adoptado esta medida.

Junts, en un esfuerzo por influir en el debate del decreto anticrisis, ha vinculado su apoyo a la implementación de este IVA franquiciado, buscando facilitar así la vida de los autónomos y pequeñas empresas con menor facturación al reducir las cargas burocráticas y mejorar su situación financiera.

Díaz aprovechó la ocasión para anunciar la creación del Consejo del Trabajo Autónomo, una iniciativa que ha estado en espera durante casi dos décadas desde la aprobación del Estatuto del Trabajo Autónomo en 2007. “Hoy se llevará a cabo una reunión significativa con todos los agentes del trabajo autónomo. Después de 20 años, finalmente vamos a establecer el Consejo que permitirá dar voz a los autónomos”, destacó la vicepresidenta.

Este nuevo Consejo jugará un papel crucial como plataforma de diálogo y negociación con el Gobierno, algo que Díaz considera fundamental para garantizar los derechos de los trabajadores autónomos. “Vamos a cumplir con la legislación de hace 20 años y a garantizar derechos a través de este Consejo”, aseguró.

Durante su discurso, la ministra también se refirió al dictamen desfavorable que emitió el Consejo de Estado sobre el proyecto de Real Decreto relacionado con el registro horario. Díaz recordó que esta herramienta ya está vigente en la mayoría de las empresas y criticó la discusión sobre su implementación como una complejidad innecesaria. “Hablar del registro horario no es más complicado que la física cuántica”, declaró.

Además, Díaz subrayó que, si hubiera retirado el registro horario del anteproyecto de ley sobre la reducción de la jornada laboral, habría generado una rápida aprobación por parte de la patronal. Sin embargo, la ministra dejó claro que este registro es una medida esencial y que se establece en respuesta a las demandas del Tribunal de Justicia Europeo, que ha instado a España a mejorar la fiabilidad de su sistema actual.

En su intervención, Díaz también envió un mensaje de optimismo ante el impacto de la guerra en Irán, subrayando que el Gobierno ya ha tomado medidas en el decreto que se votará. La ministra advirtió que si los precios del petróleo se mantienen, la factura energética de España podría incrementarse en 20.000 millones de dólares. También se refirió a la escalada del Euríbor, que podría incrementar las hipotecas variables hasta 500 euros debido a su reciente subida al 3%.

En una dura crítica a la situación internacional, Díaz acusó a Donald Trump y sus aliados de propiciar una guerra que califica de "ilegal e injusta". Además, condenó la falta de responsabilidad de la oposición en relación con el conflicto en Oriente Medio, señalando que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, parece desinformado sobre las repercusiones de esta crisis.

De cara al debate sobre el decreto de rebajas fiscales en energía que se someterá a votación, Díaz expresó su incertidumbre sobre la postura del PP, pero aseguró que no se alineará con el Gobierno ni con su país. Destacó que, en su opinión, el principal desafío que enfrenta España ya no es el desempleo, sino la crisis de la vivienda. Por ello, reiteró su llamado a intervenir en los precios y a sancionar a las comunidades autónomas gobernadas por el PP que se resisten a aplicar la Ley de Vivienda.

Asimismo, instó a los inquilinos a solicitar la prórroga de sus contratos de alquiler en sus condiciones actuales antes de que se discuta el decreto de vivienda aprobado recientemente por el Consejo de Ministros, tras el desacuerdo de Sumar con el ala socialista del Gobierno.