En la reciente Cumbre del Clima celebrada en Brasil (COP30), diversas organizaciones ecologistas han levantado la voz para expresar su desacuerdo con el pacto final alcanzado. Greenpeace y Ecologistas en Acción, entre otras, han subrayado la falta de compromiso del acuerdo para abordar temas críticos como la eliminación gradual de los combustibles fósiles y la lucha contra la deforestación.

Greenpeace ha manifestado que el documento resultante "no responde a la magnitud de la crisis climática" actual, ignorando los llamados urgentes que han hecho tanto países en desarrollo como la sociedad civil en general. La organización destaca que más de 80 naciones están firmemente comprometidas con la transición energética y continuarán abogando por ella en la próxima cumbre que se celebrará en 2026, organizada por Colombia y los Países Bajos.

Por su parte, Ecologistas en Acción ha descrito esta cumbre como "una de las más oscuras de la historia", señalando su incapacidad para generar avances que lleven a decisiones justas y que promuevan la equidad climática. Según Javier Andaluz Prieto, responsable de Clima y Energía en la organización, los gobiernos han priorizado sus intereses nacionales, arriesgando la vida de millones, especialmente de las personas más vulnerables, y lo que se ha presenciado es un nuevo conflicto geopolítico con un alto costo para todos.

Otra voz crítica, el grupo Amigas de la Tierra, ha expresado su descontento argumentando que el acuerdo final "ha ignorado a las comunidades más afectadas y ha cedido ante la presión del lobby de combustibles fósiles". Esta opinión resuena entre muchas organizaciones que ven el acuerdo como un paso atrás en la lucha ambiental.

Desde la Alianza Verde, se ha calificado a la Cumbre del Clima de Brasil como "una nueva oportunidad desperdiciada y un claro retroceso", señalando que el pacto final parece rendirse ante las presiones "del negacionismo de la derecha trumpista". Sin embargo, a pesar de las críticas, las organizaciones han identificado algunos progresos, como la instauración del Mecanismo de Transición Justa, que busca mejorar la colaboración internacional y facilitar procesos inclusivos de descarbonización.