Según informaciones obtenidas del Ministerio de Trabajo, se ha alcanzado un consenso con el Ministerio de Economía que allana el camino para la tramitación de una ley que busca reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Este acuerdo entre la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, representa un avance significativo después de semanas de diálogos tensos y desacuerdos.

MADRID, 27 de enero. En un contexto de creciente preocupación por la calidad del empleo y el bienestar de los trabajadores, ambos ministros han decidido presentar el anteproyecto de ley con carácter urgente. Sin embargo, este procedimiento aún necesita ser ratificado por la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios (Cgseys), cuya reunión está prevista para esta semana.

Las fuentes del Ministerio de Trabajo han confirmado esta noticia a Europa Press tras la celebración de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (Cdgae), donde Economía y Trabajo discutieron sobre los detalles del texto que propone la reducción de la jornada laboral. Este encuentro fue crucial, ya que se había llegado a un punto muerto en las negociaciones previas, dejando en suspenso una medida tan vital para el crecimiento laboral y el equilibrio entre la vida personal y profesional.

El Gobierno, decidido a acelerar el proceso de aprobación, tiene como objetivo que esta reducción de jornada se tramite en el Consejo de Ministros del próximo martes, como ha señalado Carlos Cuerpo. Este esfuerzo demuestra la intendencia del Ejecutivo por mantener su compromiso con la mejora de las condiciones laborales en el país.

Asimismo, en un importante paso hacia adelante, el Ministerio de Economía ha decidido no modificar el texto acordado previamente con los sindicatos CCOO y UGT, que establece que la jornada laboral se reducirá a 37,5 horas semanales para el año 2025, bajando de las actuales 40 horas. Este consenso refleja un entendimiento mutuo y la voluntad de avanzar en este aspecto crucial para los derechos laborales.

Si se obtiene el respaldo necesario en el Congreso de los Diputados, esta medida podría implementarse antes de que termine el año 2025. Este cronograma responde a los compromisos adquiridos por PSOE y Sumar en su pacto de coalición, que prioriza la mejora de la calidad de vida de los trabajadores y el impulso a políticas de conciliación laboral.