La votación final sobre el suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo para investigar al exministro José Luis Ábalos se prevé para febrero, con una aprobación casi segura, dado el respaldo esperado de PP, PSOE, Vox y Sumar.

En Madrid, a fecha del 20 de diciembre, la Mesa del Congreso ha procedido a calificar el suplicatorio, que llegó el jueves pasado desde el Alto Tribunal. La presidenta de la Cámara, Francina Armengol, ha enviado el asunto a la Comisión del Estatuto del Diputado, la cual iniciará su tramitación la semana siguiente.

Según han informado diversas fuentes parlamentarias a Europa Press, la Mesa se reunió telemáticamente para evaluar el documento del Tribunal Supremo. Aunque formalmente Armengol contaba con cinco días para remitirlo, se ha decidido acelerar el proceso y concluirlo antes de las festividades navideñas.

Además, ya se ha convocado una reunión de la Comisión del Estatuto del Diputado para el próximo 27 de diciembre. Esta comisión, presidida por Manuel Cobo del PP, incluye a un representante de cada grupo parlamentario y sus encuentros, debido a la naturaleza de los temas que abordan, se celebran a puerta cerrada.

La comisión tendrá un plazo de 30 días hábiles para presentar su propuesta. Dentro de este período, se ofrecerá a Ábalos, actualmente diputado del Grupo Mixto, la oportunidad de expresarse tanto de forma personal como por escrito, dentro del plazo que la propia comisión establezca.

Una vez que la comisión complete su trabajo, elevará sus conclusiones al Pleno del Congreso, que es el órgano que tiene la decisión final sobre el asunto. Históricamente, la Comisión del Estatuto del Diputado ha logrado resolver estos trámites en aproximadamente dos semanas.

No obstante, este caso se complica debido a que enero se considera un mes inhábil para la actividad ordinaria, a menos que la Mesa del Congreso decida habilitar a la comisión para que continúe con sus reuniones y avance en el proceso.

Es importante señalar que el debate y la votación sobre los suplicatorios en el Pleno del Congreso se desarrollan en un entorno que carece de transparencia, ya que se realiza a puerta cerrada. Los diputados no están obligados a seguir ninguna directriz de voto, lo que asegura que sus decisiones sean secretas; solo se publican los resultados.

Tras la decisión del Pleno, la presidenta Francina Armengol tiene un plazo de ocho días para notificar a la autoridad judicial sobre la concesión o denegación del suplicatorio. A su vez, se le advierte de la obligación de informar a la Cámara sobre cualquier auto o sentencia que afecte personalmente al diputado en cuestión.

Si la Cámara no se pronuncia sobre el suplicatorio en un plazo de sesenta días naturales, este se entenderá automáticamente denegado. Hasta el presente, el Congreso ha aprobado un total de 33 suplicatorios mientras que ha rechazado 14, siendo la última negativa en 1988 relacionada con un problema de derecho al honor que involucró al exministro socialista José Barrionuevo.

Respecto a Ábalos, se espera que su suplicatorio sea concedido sin contratiempos, dado que incluso el PSOE ha manifestado su intención de apoyarlo durante la votación. Esto responde a un interés por esclarecer el caso con prontitud y llegar hasta el fondo de la cuestión.

El último suplicatorio que se aprobó ocurrió en septiembre de 2022, cuando se autorizó al Supremo a investigar al exdiputado del PP Alberto Casero por presuntas irregularidades durante su tiempo como alcalde de Trujillo, en Cáceres.

En esa misma legislatura, también se concedieron suplicatorios a figuras como Laura Borràs, expresidenta de Junts, y a Alberto Rodríguez, exdiputado de Podemos. A Rodríguez se le impuso una sanción y una inhabilitación por un incidente en una manifestación antes de su tiempo en el Congreso; aunque luego el Tribunal Constitucional anuló su condena, ya no pudo recuperar su escaño.

En legislaturas anteriores, otros miembros del PP como Vicente Ferrer, Arsenio Pacheco y Nacho Uriarte fueron autorizados a ser juzgados tras dar positivo en controles de alcoholemia. Asimismo, se permitió investigar a Jesús Merino por su relación con el caso Gürtel. El caso del exconsejero socialista José Antonio Viera no llegó a su conclusión debido a su dimisión.

Entre los suplicatorios autorizados se pueden destacar aquellos del exministro socialista José Barrionuevo en relación con el caso GAL, así como varios diputados de Herri Batasuna, por su participación en incidentes en 1981 en la Casa de Juntas de Guernica, que implicaron protestas durante un evento presidido por los Reyes.