El próximo martes, el Pleno del Congreso de los Diputados se preparará para debatir y votar una iniciativa legislativa Proveniente del Parlamento de Cataluña. Esta propuesta busca que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) reserve el 80% de sus propiedades para el alquiler social, con la intención de crear un fondo social de vivienda que responda a la creciente crisis habitacional.

La decisión que tomará la Cámara Baja se centra en la consideración de esta ley, que ha sido promovida por Esquerra Republicana en el Parlament. Su objetivo fundamental es asegurar un retorno social del rescate financiero, el cual tuvo un costo significativo para el Estado, que alcanzó miles de millones de euros.

La proposición menciona que la crisis económica de 2008 obligó al Estado a realizar una intervención "ambiciosa" para reestructurar el sector bancario y mantener la liquidez de las entidades financieras en todo el país. Este rescate estatal, que superó los 64.000 millones de euros, fue financiado parcialmente a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

No obstante, el texto recalca que, a pesar de la rápida acción del Estado para salvar a la banca, la ciudadanía no recibió una protección similar. Las personas se convirtieron en las principales víctimas de las decisiones erróneas de aquellos que dirigían las entidades bancarias. Según la proposición, "se eximió de responsabilidad a los culpables de la crisis, y no se implementaron medidas para remediar los efectos que sufrieron miles de ciudadanos".

En este sentido, la propuesta legislativa integra algunas recomendaciones del síndic de greuges, defensor del pueblo catalán, para subsanar las deficiencias detectadas en el rescate bancario. Se busca garantizar que una parte de este rescate revierta en la ciudadanía, contribuyendo así a atender las necesidades urgentes de vivienda.

Entre las principales recomendaciones se encuentra la consideración de que la Sareb destine un número significativo de sus activos al alquiler social, así como la creación de un parque de viviendas sociales para hacer frente a la actual crisis de vivienda. También se propone que la Sareb ceda el 50% de sus terrenos urbanizables para facilitar soluciones habitacionales.

Además, la ley contempla reformas en la legislación sobre estabilidad presupuestaria, permitiendo a las administraciones locales, incluidos los ayuntamientos, utilizar los fondos generados por el superávit en deuda para invertir en vivienda. Esto les permitiría ejercer el derecho de tanteo y retracto en la compra de propiedades que han sido adquiridas a través de ejecuciones hipotecarias.