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Nacional 26 de Marzo de 2026 · 16:32h 4 min de lectura

El Congreso aprueba el decreto de apoyo fiscal por la crisis en Irán, con Vox como único opositor.

MADRID, 26 de marzo. El Congreso de los Diputados ha dado su respaldo este jueves al decreto ley diseñado por el Gobierno para mitigar el impacto económico derivado del conflicto en Irán. Este respaldo se ha concretado a través de una votación donde Vox se ha posicionado en contra, mientras que el PP y Podemos optaron por la abstención y el resto de las fuerzas políticas mostró su apoyo.

Desde su promulgación por el Consejo de Ministros el pasado 20 de marzo, este decreto ha estado en vigor, aunque coqueteaba con la necesidad de convalidación en un plazo de un mes, lo cual ha sido cumplido por la Cámara Baja en esta jornada. El Pleno también ha decidido tramitar el decreto como un proyecto de ley, lo que marca un paso más en su implementación.

El conjunto de medidas incluidas en el decreto abarca un total de 80 iniciativas que movilizarán alrededor de 5.000 millones de euros para enfrentar la crisis. Entre las acciones más destacadas se encuentra la reducción del IVA en carburantes, electricidad y gas natural del 21% al 10%, la congelación de los precios de venta del butano y propano, así como la reactivación de bonificaciones en los peajes eléctricos para la gran industria.

En lo que respecta a los impuestos sobre hidrocarburos, se ha fijado una reducción acorde al mínimo permitido según la legislación europea, mientras que los sectores más afectados, como el transporte, la agricultura, la ganadería y la pesca, contarán con una compensación de veinte céntimos por litro de gasóleo empleado en su actividad. Este apoyo económico será gestionado por la Agencia Tributaria y las administraciones forales de País Vasco y Navarra.

Además, se ha previsto una ayuda similar para la adquisición de fertilizantes, una medida que busca ayudar a estos sectores cruciales en la contención de los precios de los alimentos, tal como ha declarado el presidente del Gobierno.

El plan del Gobierno no solo aborda estas ayudas económicas. También se han implementado normativas que prohíben a las empresas realizar despidos por razones económicas vinculadas al conflicto en Oriente Medio, especialmente aquellas que reciban apoyo público en el marco de esta crisis.

De igual manera, se ha reforzado la capacidad de supervisión y sanción de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para garantizar que ninguna empresa que se beneficie de las ayudas pueda obtener ganancias indebidas, así como un control más riguroso sobre los márgenes de beneficio de las compañías de suministro de combustible.

En este contexto, el Gobierno también ha acordado dotar a la CNMC de herramientas para limitar los beneficios de estas empresas, asegurando así un marco de mayor responsabilidad en la gestión de los recursos públicos.

Por otro lado, el decreto incluye incentivos fiscales para promover el autoconsumo energético y el uso de tecnologías sostenibles, facilitando deducciones en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para la instalación de sistemas de energía solar y infraestructuras de carga de vehículos eléctricos. Esta medida se presenta dentro del enfoque estructural que busca impulsar una transición energética más efectiva en el país.

Asimismo, se contemplan deducciones del 15% en el IRPF para la compra de vehículos eléctricos y enchufables, consolidando así el compromiso del Gobierno con un futuro más sostenible y menos dependiente de combustibles fósiles.

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