El Congreso aprueba la ley de memoria histórica para compensar a víctimas de represión, con oposición del PP y Vox.

La jornada del jueves en el Congreso de los Diputados marcó un hito significativo con la aprobación de la reforma de la Ley de Memoria Democrática, que busca proporcionar compensaciones a las víctimas de la represión franquista. Esta modificación, que abarca a aquellas personas asesinadas o que sufrieron lesiones graves entre el 1 de enero de 1968 y el 29 de diciembre de 1978, contó con el respaldo de los habituales aliados del Gobierno. La votación se realizó en medio de la abstención de Junts y el rechazo explícito de formaciones como PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN).

En un diálogo constructivo liderado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, los grupos de Esquerra, Bildu, Podemos, PNV y BNG decidieron apoyar el texto, a condición de que se incluyan sus propuestas en una futura tramitación, ya que la iniciativa se presume como un proyecto de ley. Este compromiso implica que enmiendas deberán ser debatidas en un periodo breve, si bien no hay garantías de que se tramiten, dado que varios proyectos similares han quedado rezagados en el Congreso durante esta legislatura.

Las organizaciones apoyantes han subrayado la importancia de extender el periodo de vigencia de la reforma hasta el 31 de diciembre de 1983. Fundamentan esta petición en el reconocimiento dentro de la ley de que las violaciones de derechos humanos se extendieron hasta esa fecha. Actores como Esquerra han revelado que lograron un acuerdo con Torres para que el Gobierno acepte dicha ampliación, junto con mejoras en el acceso a las compensaciones, pasándolas de un año a tres, y ajustando los requisitos para evitar exclusiones que consideren injustas, así como garantizar el reconocimiento de casos emblemáticos, como el de Salvador Puig Antich.

Al ser cuestionado sobre este pacto, Torres reconoció la existencia del compromiso con ERC, aunque advirtió que el texto deberá atravesar el proceso parlamentario y necesitará apoyo político. También expresó su desaprobación frente al rechazo de Vox y, especialmente, del PP, enfatizando que es incomprensible que quienes se consideran demócratas no apoyen el reconocimiento de quienes lucharon por la democracia. En sus declaraciones, Torres celebró el avance que representa esta reforma para la democracia y para las personas que podrán recibir esta indemnización.

Durante el debate, Junts mantuvo incertidumbre sobre su posición hasta el final, revelando que si su voto hubiera sido negativo, la reforma podría haber sido derrocada. El diputado de Junts, Josep María Cervera, criticó la medida al considerarla un retroceso al excluir a guerrilleros de diversas ideologías antifranquistas, planteando la cuestión de si una democracia puede desestimar el reconocimiento a quienes lucharon contra una dictadura, incluso mediante la resistencia armada.

La reforma ahora convalidada permite que, por ejemplo, Manuel José García Caparrós, quien fue asesinado por un disparo policial durante una manifestación en defensa del Estatuto de Autonomía de Andalucía en diciembre de 1977, pueda ser indemnizado. La anterior Ley de Memoria Histórica de 2007 contemplara compensaciones, pero solo para aquellos fallecidos entre 1968 y 1977, lo que dejó a un amplio grupo de víctimas sin respaldo legal tras derogar dicha normativa en 2022.

La reciente legislación no solo busca atender a las víctimas de este periodo, ampliando la cobertura y modificando los montos de indemnización establecidos en 2008. Así, las intervenciones actuales fijan las compensaciones por fallecimiento en 250.000 euros, considerando las excepcionales circunstancias detrás de tales muertes. Sin embargo, se excluye explícitamente a los miembros de grupos armados terroristas de recibir indemnizaciones.

Además, se ha detallado que serán considerados beneficiarios directos los hijos, cónyuges o convivientes de las víctimas, así como, en su defecto, padres, nietos y hermanos siempre que no hayan recibido otra compensación por los mismos motivos. También se ha establecido que quienes hayan sufrido lesiones incapacitantes recibirán indemnizaciones que pueden alcanzar hasta 500.000 euros en casos de gran invalidez.