En un crucial debate programado para este jueves, 11 de diciembre, el Pleno del Congreso se dispondrá a votar sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria y la deuda pública de las administraciones, que abarcan el periodo 2026-2028. Esta votación es un paso esencial antes de la elaboración y presentación de los próximos Presupuestos Generales del Estado. Además, se llevará a cabo la convalidación de los decretos que aumentan el salario de los funcionarios públicos y que postergan un año la implementación del nuevo sistema de facturación electrónica, conocido como 'Verifactu'.
Esta será la segunda ocasión en menos de un mes que se someterán a votación los objetivos de estabilidad. En la primera instancia, el 27 de noviembre, el Gobierno propuso estos objetivos, pero fueron rechazados por los votos en contra del PP, Vox, Junts y UPN, además de la abstención de Podemos y Águeda Micó, diputada de Compromís en el Grupo Mixto.
Los objetivos que se discutirán son los mismos que ya fueron rechazados anteriormente y plantean una reducción gradual del déficit en las administraciones públicas: del 2,1% en 2026 al 1,8% en 2027 y un 1,6% en 2028.
Para las comunidades autónomas, el Gobierno ha propuesto un límite de déficit del 0,1% del PIB durante los próximos tres años, que representa aproximadamente más de 5.000 millones de euros. En cuanto a la Administración Central, se propone un déficit del 1,8% en 2026, seguido de un 1,5% en 2027 y un 1,4% en 2028.
A pesar de la repetición del plan, se espera que los grupos parlamentarios mantengan sus posiciones iniciales. En caso de que los objetivos sean rechazados nuevamente, el Gobierno tiene la intención de continuar con la presentación de los Presupuestos, basándose en la senda de estabilidad que se presentó a la Comisión Europea en 2024, como parte del plan fiscal estructural a medio plazo, requerido tras la implementación de las nuevas normas fiscales europeas.
En otro aspecto, también se votará la convalidación del decreto que establece un aumento en las retribuciones de los funcionarios públicos, que se incrementarán un 11% entre 2025 y 2028. Este acuerdo forma parte de un marco de mejoras laborales firmado por el Gobierno junto a los sindicatos UGT, CCOO y CSIF.
Los detalles de esta subida salarial incluyen un 2,5% para 2025, un 1,5% para 2026 (que podría elevarse hasta el 2% según la inflación), un 4,5% en 2027 y un 2% en 2028.
Finalmente, el Congreso se enfrentará a la decisión de convalidar o derogar el decreto que retrasa un año la puesta en marcha del nuevo sistema de facturación electrónica 'Verifactu'. Este sistema, inicialmente programado para empezar a operar el 1 de enero de 2026 para empresas con ingresos inferiores a seis millones de euros, y el 1 de julio del mismo año para más de 3,4 millones de autónomos, busca establecer un registro inalterable de los pagos mediante una conexión en tiempo real con la Agencia Tributaria.
Aunque ambos decretos ya se encuentran en vigor, su validez debe ser debatida en el Congreso dentro de un plazo de 30 días. Para esta votación, el Gobierno podría contar con el respaldo de todos sus aliados parlamentarios, incluidos Junts, lo que facilitaría la aprobación en la jornada de este jueves.
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