El próximo martes 25 de noviembre, el Pleno del Congreso se dispondrá a analizar y votar una ambiciosa legislación propuesta por Sumar, que busca reformar la actual Ley de Vivienda de 2023. Esta iniciativa tiene como punto central la prohibición de que empresas, fundaciones, personas jurídicas y fondos de inversión puedan adquirir propiedades residenciales en territorio español.

Alberto Ibáñez, portavoz de Vivienda de Sumar y diputado de Compromís, ha sido el motor detrás de esta propuesta, que pretende frenar la creciente especulación en el sector inmobiliario, especialmente por parte de las denominadas "socimis" y los temidos fondos buitre. Ibáñez subraya que la cuestión del acceso a la vivienda es una prioridad urgente para todo el grupo plurinacional de Sumar, que busca evitar que este recurso vital sea acaparado por unos pocos.

Desde la perspectiva de Sumar, el derecho a disfrutar de una vivienda debe ser exclusivo de las personas físicas, quienes son las que verdaderamente experimentan la vivencia de habitar en un hogar. El grupo parlamentario argumenta que la propiedad de inmuebles residenciales en manos de entidades jurídicas transforma la vivienda en un simple activo financiero, alejándola de su esencia como espacio de convivencia y bienestar.

En este contexto, Sumar propone reformar la Ley de Vivienda para restringir la especulación inmobiliaria y limitar el traspaso de propiedades, ya sea por venta o regalo, exclusivamente a individuos. Esto significaría que las entidades jurídicas solo podrían poseer aquellos inmuebles que no se destinen a la residencia, es decir, aquellos vinculados a actividades económicas de carácter primario, secundario o terciario.

Cuando se presentó esta propuesta en abril, Ibáñez enfatizó que su propósito es frenar la especulación del mercado inmobiliario, destacando que se trata de una iniciativa sencilla que tiene un encaje sólido con la Constitución y el derecho europeo. Además, mostró optimismo respecto a que encontrará una mayoría en el Parlamento que respalde su tramitación, considerándola una medida "conservadora".

A pesar de su deseo de abordar más a fondo temas como el número de propiedades que podría poseer una sola persona, Ibáñez reconoció que no existe consenso en el Parlamento sobre este asunto específico. No obstante, manifestó que hay un amplio apoyo, que va desde la extrema derecha hasta la izquierda, en la lucha contra la especulación ejercida por empresas e inversionistas en el ámbito de la vivienda.

El diputado concluyó su intervención con confianza, afirmando que tanto el PNV como Junts se alinean con la necesidad de despedir a los fondos buitre, sugiriendo que esto podría generar la mayoría parlamentaria necesaria para avanzar en la propuesta.