La Comisión Constitucional del Congreso de España se prepara para votar este martes una reforma clave de la Ley Reguladora del Derecho de Asociación, promovida por el PSOE, que facilitaría la disolución de asociaciones vinculadas con el franquismo. Esta iniciativa ha sido objeto de debate desde su inicio en octubre, recibiendo la única oposición de Vox.

El objetivo de esta modificación es acatar lo establecido en la disposición adicional séptima de la Ley de Memoria Democrática de octubre de 2022, la cual contemplaba ya la posibilidad de reformar la legislación actual sobre asociaciones para abarcar este tema.

Según la propuesta socialista, que ha sido corroborada por Europa Press, se añadirá una nueva disposición a la Ley de Asociaciones que permitirá disolver organizaciones que realicen actividades que "constituyan apología del franquismo".

El texto detalla que tal apología puede incluir la exaltación del golpe de Estado de 1936 o de la dictadura que le siguió, así como el enaltecimiento de sus figuras, siempre que esto implique un desprecio hacia la dignidad de las víctimas de esos acontecimientos, así como cualquier tipo de incitación al odio o a la violencia contra ellas.

Además, se aclara que el motivo de disolución será aplicable sin importar los objetivos estatutarios que tenga la asociación o si ha cumplido con su obligación de inscripción registral, ya que esta última solo sirve para fines publicitarios.

Según la iniciativa del PSOE, cualquier disolución deberá realizarse a través de una resolución judicial, y será el Ministerio Fiscal el encargado de promover la acción en estos casos.

Sin embargo, la semana pasada, durante la discusión en la ponencia de la Comisión Constitucional, se llegó a un acuerdo entre el PSOE y sus aliados (Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG) para agregar una enmienda que contempla la posibilidad de una disolución por vía penal.

Esta nueva adición estipula que "el Ministerio Fiscal alineará la acción penal de disolución por delitos relacionados con derechos fundamentales, especialmente en casos de incitación al odio o a la violencia".

Asimismo, esta enmienda faculta a asociaciones y entidades que defiendan la memoria democrática y los derechos de las víctimas del golpe del 36 y del régimen franquista a actuar legalmente en este contexto.

Una vez que la Comisión Constitucional emita su dictamen, la propuesta se espera que sea ratificada en el Pleno durante abril. Dado que se trata de una ley orgánica, requerirá el apoyo de al menos 176 diputados para su aprobación y posterior remisión al Senado.

Es importante señalar que esta normativa se aplica exclusivamente a asociaciones, mientras que la disolución de fundaciones, como la Fundación Franco, sigue un procedimiento diferente que está bajo la jurisdicción del Ministerio de Cultura, dirigido por Ernest Urtasun, de Sumar.