La votación definitiva sobre este asunto no se llevará a cabo hasta febrero, pero la aprobación parece inminente, con el apoyo asegurado del PP, PSOE, Vox y Sumar.

El pasado 26 de diciembre, el panorama político en Madrid se intensificó cuando se reveló que la Comisión del Estatuto del Diputado tiene programada una reunión este viernes en el Congreso. El objetivo principal de este encuentro es iniciar el estudio del suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo para investigar al exministro José Luis Ábalos en relación al 'caso Koldo'.

La petición del Supremo fue recibida en el Congreso el jueves, y al día siguiente, la Mesa de la Cámara celebró una reunión virtual para evaluar el escrito, el cual fue derigido a la comisión responsable de su tramitación. La dinámica de estos procesos ya ha ido dejando entrever un patrón en el tratamiento de los suplicatorios en la Cámara.

La comisión, presidida por el popular Manuel Cobo y compuesta por representantes de todos los grupos parlamentarios, ha convocado esta reunión que se ejecutará a puerta cerrada, como es habitual en este tipo de procedimientos. Es importante mencionar que este órgano tiene un plazo de 30 días hábiles para formular una propuesta, durante el cual se permitirá que Ábalos, quien ahora es diputado del Grupo Mixto, tenga la oportunidad de expresar su defensa, ya sea de manera personal o por escrito.

Una vez que la comisión culmine su análisis, sus conclusiones serán elevadas al Pleno de la Cámara. Este último, con la capacidad de decisión final, tiene un historial de resolución de suplicatorios en un lapso de aproximadamente dos semanas. Sin embargo, la tramitación en esta ocasión se incorpora en el mes de enero, un período en el que generalmente no hay actividad ordinaria, a menos que la Mesa de la Cámara decida facilitar reuniones para avanzar en el proceso.

Es relevante mencionar que el debate y la votación de estos suplicatorios en el Pleno se llevan a cabo en un entorno de opacidad, ya que se realiza a puerta cerrada, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia de estos procedimientos. Los diputados tienen libertad en su voto, que es secreto, y solo se publica el resultado final de la votación.

De acuerdo con el protocolo, en un plazo de ocho días tras el acuerdo del Pleno sobre la aceptación o rechazo del suplicatorio, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, notificará a la autoridad judicial, destacando que esta debe informar a la Cámara sobre cualquier auto o sentencia que le afecte directamente al diputado en cuestión.

Si la Cámara no se pronuncia en un plazo de 60 días naturales, el suplicatorio se entenderá automáticamente denegado. Hasta el momento, el Congreso ha aprobado un total de 33 suplicatorios y ha rechazado 14, dos de los cuales correspondían al mismo diputado. La última vez que el Congreso denegó un suplicatorio fue en 1988, en un controvertido caso que involucraba al exministro socialista José Barrionuevo y una disputa por derechos de honor.

En el caso específico de Ábalos, se anticipa que la concesión del suplicatorio será respaldada, con el PSOE anunciando previamente su apoyo, en un esfuerzo claro por esclarecer los hechos lo más pronto posible.

El último suplicatorio que fue aprobado data de septiembre de 2022, cuando se permitió al Supremo investigar al exdiputado del PP Alberto Casero por presuntos delitos de malversación y prevaricación. Esa misma legislatura otorgó suplicatorios a figuras como la expresidenta de Junts, Laura Borràs, condenada por corrupción, y a Alberto Rodríguez, exdiputado de Podemos, a quien se le impuso una sanción por un incidente violento ocurrido antes de su mandato.

En tiempos anteriores, también se autorizó la investigación de varios diputados del PP relacionados con incidentes de tráfico y se dio luz verde a casos emblemáticos como el del exministro socialista José Barrionuevo por el 'caso GAL', así como a varios miembros de Herri Batasuna por incidentes en la Casa de Juntas de Guernica.