El Congreso se enfrenta a la votación sobre la jornada laboral reducida, esquivando apoyos clave de Junts y Ábalos.

El Congreso de los Diputados se prepara para un debate crucial esta semana, donde se pondrán a prueba las enmiendas de devolución que han presentado los partidos de la oposición: PP, Vox y Junts, al proyecto de ley que propone la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. Esta votación se plantea como un examen vital para el Gobierno, especialmente para el equipo de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que enfrenta un escenario complicado al no contar con la mayoría necesaria para defender su iniciativa.
A pesar de que se presentan tres enmiendas distintas, solo se prevé una votación única. Los tres partidos de la oposición han alineado sus posiciones solicitando la devolución del proyecto al Ejecutivo, sumando en total 177 diputados, una cifra que podría poner en jaque uno de los proyectos más esperados por la agenda progresista del Gobierno.
La importancia de esta votación radica en que, si el texto no logra avanzar, sería retirado y el equipo gubernamental tendría que reiniciar el proceso legislativo desde cero. Por este motivo, se están intensificando las negociaciones con Junts, en un intento por que retiren su enmienda, al tiempo que se hace un llamado a los miembros del bloque gubernamental para asegurar su presencia, en especial al exministro José Luis Ábalos, cuyo voto podría resultar decisivo en una votación que se anticipa muy reñida.
En el caso de que Junts decida retirar su enmienda y apoye al Gobierno en el rechazo a las propuestas de PP y Vox, la ley podría avanzar sin mayores obstáculos. Sin embargo, si optan por la abstención, el Gobierno se verá en la necesidad de contar con todos sus aliados para superar los 171 votos que suman las fuerzas de oposición, lo que hace crucial la participación de Ábalos.
A pesar de que superar esta votación es fundamental, no es el final del camino. Una vez superado este primer obstáculo, el proyecto tendrá que permitir la presentación de enmiendas y continuar con negociaciones para llegar a un texto consensuado que cuente con el apoyo necesario.
Si finalmente el Congreso diera la espalda a la reforma, Yolanda Díaz ya ha expresado su intención de volver a presentar el proyecto, aunque esto significaría un retraso ya que tendría que reiniciar todo el proceso legislativo.
El Gobierno había esperado que la votación se llevara a cabo en julio, antes del cierre del periodo de sesiones. Sin embargo, las dificultades para alcanzar un acuerdo con Junts llevaron a que el debate se postergara hasta después del verano.
Por su parte, desde el Ministerio de Trabajo insisten en la urgencia de este proyecto, afirmando que “ya no admite más aplazamientos”, ya que más de doce millones de personas están a la expectativa de su implementación.
El mensaje del departamento de Yolanda Díaz es claro: “El Gobierno ha hecho su parte, y ya ha habido un pronunciamiento social a favor de esta reforma. Ahora es el momento de los partidos políticos para traducir ese consenso social en un respaldo parlamentario”.
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