En una decisión reciente, el Tribunal Constitucional (TC) ha decidido aplazar el debate sobre la solicitud presentada por el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y tres exconsejeros catalanes, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, quienes demandaban la suspensión cautelar de sus penas de inhabilitación. Esta medida se toma en un esfuerzo por alcanzar una unanimidad en la postura que se adopte frente a las solicitudes de estos exfuncionarios condenados por su participación en el referéndum ilegal del 1 de octubre.

De acuerdo con informaciones de 'La Razón' y confirmadas por fuentes legales a Europa Press, el Pleno del TC optó por postergar el debate en el último momento con la intención de armonizar la respuesta hacia los exmandatarios condenados por participar en el proceso independentista catalán.

La intención original del Pleno era resolver la situación basándose en diversas ponencias elaboradas por distintos magistrados, incluyendo tanto a conservadores como a progresistas, quienes tienden a rechazar la nueva solicitud de los exdirigentes catalanes.

Los exmiembros de ERC y el líder de Junts habían solicitado la restauración cautelar de sus derechos políticos a través de recursos de amparo presentados ante el TC, como respuesta a la decisión del Tribunal Supremo (TS) que se negó a concederles la amnistía por el delito de malversación vinculado al referéndum del 1-O.

Estos cuatro líderes políticos fueron condenados por delitos de malversación y sedición, recibiendo penas de hasta 13 años de prisión e inhabilitación. A pesar de que el Gobierno de Pedro Sánchez indultó en 2021 las penas de prisión, las inhabilitaciones permanecen vigentes, ya que el Supremo dictaminó que la malversación en el contexto del 'procés' se encuentra entre las excepciones que impiden la amnistía lo que contempla la ley.

Los magistrados que integran la Sala Segunda argumentaron que el dinero malversado supuso un "enriquecimiento personal o beneficio patrimonial", dado que los responsables no utilizaron sus propios fondos, sino recursos públicos para financiar un fin político. Además, sostuvieron que tal acción perjudicó los intereses económicos de la UE, ya que una secesión de Cataluña podría haber debilitado los ingresos provenientes de España destinados a la comunidad europea.

Aunque el TC ha admitido a trámite los recursos de amparo, aún no se ha fijado una fecha para su resolución, que se espera para el año entrante. Durante este período, los exlíderes independentistas han pedido que se levanten sus inhabilitaciones temporales, sobre todo la de Junqueras, que se extiende hasta 2031. Este debate es precisamente el que ha sido retrasado indefinidamente.

La Fiscalía del TC se opone a la solicitud de rehabilitación cautelar, argumentando que esto podría anticipar el fallo sobre los propios recursos de amparo y señalando que mantener a los demandantes inhabilitados no les causaría un "daño irreparable".

Fuentes consultadas por Europa Press han indicado que, de acuerdo a la doctrina constitucional, es común rechazar la suspensión de penas vigentes cuando el período pendiente de cumplimiento es más largo que el tiempo que se espera para la decisión del TC sobre los recursos de amparo, lo que se aplica en este caso.

Además, un factor adicional, aunque no vinculante, tuvo peso en esta decisión: las observaciones del abogado general de la UE, Dean Spielmann, que el 13 de noviembre se pronunció sobre cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional en relación a la amnistía.

Spielmann señaló que "no es compatible con el Derecho de la UE exigir a los tribunales nacionales que emitan un juicio de absolución y levanten las medidas cautelares previamente impuestas en un plazo máximo de dos meses, incluso si el Tribunal de Justicia de la UE no ha emitido aún un fallo sobre los temas planteados".

Por su parte, el expresidente catalán Carles Puigdemont y los exconsejeros Antoni Comin y Lluís Puig también han interpuesto recursos de amparo ante el TC, solicitando la revocación de las órdenes de detención nacional en su contra tras la negativa del Supremo a amnistiar su malversación relacionada con el 1-O.

Al igual que en el caso de Junqueras y los otros exconsejeros, sus recursos fueron admitidos a trámite, aunque anticipan que sus peticiones cautelares, que todavía están pendientes de revisión por el Pleno, sean igualmente desestimadas según las fuentes ya citadas.