El próximo jueves, Alberto González Amador se presentará ante la magistrada Inmacula Iglesias en calidad de investigado, en el contexto de una pesquisa que indaga sobre posibles delitos de corrupción y administración desleal. Esta cita se inscribe dentro de una pieza separada que aborda cuestiones distintas a las del caso principal, que se centra en una presunta evasión fiscal.

La decisión de llamar a González Amador ha sido respaldada por la Audiencia Provincial de Madrid, que ha ratificado la validez de esta investigación, promovida por una acusación popular que representa a las formaciones políticas PSOE y Más Madrid. El objetivo es esclarecer los hechos y dar respuesta a las acusaciones presentadas.

En su anterior comparecencia, el 24 de febrero, González Amador optó por no responder a las preguntas de la juez, siguiendo el consejo de sus abogados hasta que se resolviera una apelación relativa a los cargos fiscales que pesaban sobre él. Los magistrados han indicado que en esta fase del proceso es fundamental avanzar para determinar si las acciones investigadas constituyen un delito.

Los jueces han expresado que las transacciones y actividades legales realizadas por González Amador requerirán de un examen detallado. En octubre pasado, la magistrada decidió abrir un expediente separado del principal para investigar el posible uso fraudulento de una sociedad instrumental que podría haber ocultado ingresos pertenecientes al Grupo Quirón, que deberían haber sido reportados fiscalmente.

Esta investigación se inició tras un recurso parcial del PSOE y Más Madrid, en respuesta a la negativa de la juez a admitir las diligencias solicitadas por la acusación popular el pasado 31 de julio. La nueva pieza tiene el propósito de examinar si se han cometido delitos relacionados con el uso de la sociedad Masterman S.L., la cual estuvo vinculado a contratos de servicios entre la empresa de González Amador y Quirón Prevención S.L.

El análisis se centra en si la utilización de Masterman S.L. para ocultar ingresos de Maxwell Cremona S.L. podría constituir otros delitos adicionales. La acusación popular sostiene que tal simulación podría esconder evidencias de administración desleal o incluso corrupción en los negocios, especialmente teniendo en cuenta el monto de cerca de 500,000 euros relacionado con las participaciones de la sociedad, previamente en manos de la esposa del presidente de Quirón Prevención.

Además, se sugiere que esta situación podría implicar una contraprestación vinculado a la adjudicación de contratos que pasaron de Maxwell a Masterman por Quirón Prevención. También se menciona la compra de productos sanitarios por intermedio de Maxwell, a través de MAPE Asesores, que resultó en una facturación significativa en el año 2020 a varias empresas del sector.