El Defensor del Pueblo advierte sobre la falta de coordinación en la protección contra la violencia de género.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha emitido una fuerte advertencia sobre la falta de coordinación entre los sistemas de protección de víctimas de violencia de género en España, como son Atenpro, Cometa y las medidas policiales. Este mensaje fue presentado a través del informe anual de la institución correspondiente a 2025, que fue entregado hoy a la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

El documento detalla que el Servicio Telefónico de Atención y Protección, conocido como Atenpro, junto con el sistema Cometa, que gestiona los dispositivos de control telemático para los agresores, no logran una comunicación eficaz con la policía. Esta falta de interacción adecuada genera obstáculos en la respuesta ante situaciones de emergencia.

Asimismo, el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, revela que estos sistemas enfrentan “dificultades significativas” para mantener una comunicación fluida con los jueces, lo que agrava aún más la situación. Además, existen complicaciones en la distribución territorial de recursos policiales, lo que puede retrasar la atención a las víctimas en momentos críticos.

Gabilondo advierte que la problemática está vinculada a la notable desproporción entre el número de víctimas atendidas y la creciente demanda de servicios de protección, en relación con los recursos actualmente disponibles.

La institución mantiene abiertas cuatro líneas de investigación orientadas a evaluar la “calidad y suficiencia” de los servicios prestados, así como las medidas de monitoreo y control sobre los contratos con empresas tecnológicas que proporcionan estas herramientas.

Por otro lado, el Defensor del Pueblo también ha señalado que los retrasos en los procesos judiciales relacionados con la violencia de género perpetúan un estado de vulnerabilidad en las mujeres, intensificando el riesgo de violencia o conflicto durante estos periodos.

Este contexto perjudica la confianza de las víctimas en el sistema judicial, que debería ser un refugio seguro. Según Gabilondo, esta situación resulta especialmente grave en la fase de ejecución de las sentencias, ya sean penales o civiles, dado que impide la satisfacción de las necesidades de reparación y recuperación de las víctimas. Además, puede ser percibido como un indicativo de impunidad hacia los agresores.

La incertidumbre prolongada sobre el avance de sus casos puede tener consecuencias serias en la salud mental de las víctimas. De hecho, la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género ha puesto de manifiesto que muchas mujeres desarrollan problemas como ansiedad, depresión o estrés postraumático durante los procesos judiciales.

Por todo ello, el Defensor del Pueblo considera esencial que se prioricen estos casos, estableciendo plazos procesales específicos y extendiendo las medidas de protección temporales hasta que se emita una sentencia civil. Propone, además, la reducción de burocracia y el impulso de herramientas tecnológicas como audiencias virtuales y notificaciones electrónicas para mejorar el sistema judicial.

En el mismo sentido, el informe enfatiza la importancia de que las víctimas se sientan escuchadas y adecuadamente respaldadas por las administraciones públicas. Sin embargo, Gabilondo advierte de que “la complejidad” de los procesos judiciales, junto a las demoras en la resolución de casos y la desatención a los derechos de las víctimas, continúan generando dificultades.

El creciente número de casos de violencia de género que llegan a los juzgados subraya la realidad de una victimización secundaria que a menudo aleja a las mujeres de la denuncia y afecta su confianza en los mecanismos de protección, algo que ha sido especialmente cuestionado tras los recientes incidentes relacionados con las 'pulseras antimaltrato'.

El informe también destaca que los fallos en los sistemas judiciales para garantizar el cumplimiento de las medidas de protección y la coordinación entre servicios reflejan serias deficiencias. Aunque reconocer que es complicado perseguir a los agresores que quebrantan las órdenes de alejamiento, Gabilondo subraya que las víctimas continúan viviendo con miedo, incluso contando con medidas de protección.

Finalmente, el Defensor del Pueblo muestra preocupación por la forma en que se informan a las víctimas sobre las sentencias y las diligencias correspondientes. Ante esto, solicita al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que evalúe la efectividad de los actuales sistemas de notificación, ya que las víctimas tienen derecho a conocer el estado de su agresor para poder tomar decisiones informadas sobre su seguridad.