El Defensor del Pueblo alerta sobre la vulneración de derechos en migrantes arraigados por el nuevo Reglamento de Extranjería.

En un reciente comunicado, el Defensor del Pueblo ha emitido una alerta sobre las implicaciones negativas que la modificación del Reglamento de Extranjería, que entró en vigor en mayo de 2025, tendrá para los migrantes que han hecho de España su hogar. Esta reforma, según el Defensor, representa un retroceso en los derechos ya consolidados de estas personas, dejándolas en una posición de creciente precariedad.

Entre los cambios que establece la nueva normativa se encuentra la restricción de las condiciones necesarias para acceder a autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales. Antes de la aprobación de la reforma, diversas organizaciones sociales y comunitarias alzaron su voz, advirtiendo sobre los riesgos que esta reforma conllevaría para aquellos que buscan regularizar su situación en el país.

Uno de los aspectos más controvertidos de esta reforma es que el tiempo de estancia en España como solicitante de asilo ya no cuenta para poder solicitar el arraigo. Además, en algunos casos, se exige permanecer al menos seis meses en situación irregular antes de poder presentar una solicitud, lo que encierra a muchas personas en un limbo legal, fuera del sistema de protección.

El Defensor del Pueblo ha enfatizado que esta situación implica la eliminación de posibilidades de regularización para aquellos que han solicitado asilo, afectando no solo el arraigo laboral, sino otras modalidades de residencia. Asimismo, ha resaltado la existencia de demoras significativas en el procesamiento de esos expedientes de protección internacional, que suelen extenderse más allá de los seis meses estipulados legalmente, un hecho que ha sido corroborado por la Dirección General de Protección Internacional.

La acumulación de solicitudes de protección internacional en España ha aumentado en los últimos años, pero el sistema administrativo sigue sin adaptarse a las necesidades actuales de atención y tramitación para estos casos, lo que crea una grave disonancia en la gestión. En informes previos, el Defensor ha señalado la urgencia de revisar de manera exhaustiva el sistema de protección internacional, advirtiendo sobre las alarmantes demoras en la tramitación de solicitudes.

De acuerdo con estadísticas de la Oficina de Asilo y Refugio, durante 2025 se concedieron 7.838 estatus de refugiados y 10.103 protecciones subsidiarias. Además, se otorgaron autorizaciones humanitarias a 57.333 personas, predominantemente de Venezuela, mientras que 68.321 solicitudes fueron rechazadas, siendo la mayoría de colombianos y peruanos. Entre esos afectados, había 12.311 menores de 18 años que se vieron denegados en su búsqueda de protección internacional, enfrentando, según el Defensor, una situación sumamente complicada.

El Defensor también destacó que resulta poco realista pensar que la gestión de la protección internacional en España no repercute en el sistema de extranjería. Las largas esperas hacen que, cuando finalmente se produce una denegación, muchas de las personas afectadas ya hayan formado un arraigo significativo en España, pero se queden sin opciones inmediatas para regularizar su situación.

Esto las condena a vivir en situación irregular durante dos años, lo que genera una desesperante erosión de sus derechos. Esta circunstancia es especialmente grave para los menores, quienes ven interrumpido su proceso de integración en España, impulsándolos a caer en la irregularidad junto a sus familias.