El Defensor del Pueblo exige acciones inmediatas contra la explotación laboral ante la inacción legislativa.

En Madrid, el Defensor del Pueblo ha lanzado una alerta sobre la urgencia de implementar medidas efectivas para salvaguardar a las víctimas de la trata de seres humanos con propósitos de explotación laboral. Esta preocupación surge en medio de un estancamiento en la tramitación de una ley integral destinada a combatir este grave problema social.

Según el Defensor del Pueblo, las deficiencias en el actual sistema de detección, protección e identificación de las víctimas de trata laboral requieren atención inmediata, y no pueden ser postergadas hasta que se apruebe la nueva normativa. Esta situación apremiante subraya la necesidad de acciones rápidas y concretas en este ámbito.

El llamado se refleja en el Informe Anual de 2025 que fue entregado recientemente por Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo, a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. Este informe resalta la falta de progreso en la ley orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos, cuyo anteproyecto recibió luz verde del Consejo de Ministros en marzo de 2024, pero aún requiere avanzar en el proceso legislativo.

Desde la reforma del Código Penal en 2010, el delito de trata de seres humanos ha sido clasificado de forma independiente del tráfico ilegal de personas. Esto, según el Defensor, ha aclarado la distinción entre estos dos delitos y ha facilitado una mejor adecuación a las normativas europeas e internacionales.

Sin embargo, el informe enfatiza que, a pesar de la existencia de un Protocolo Marco de Protección de Víctimas de Trata desde 2011, este solo ha abordado en su anexo II los indicadores vinculados a la explotación sexual, dejando de lado las situaciones de las víctimas de tratade con fines laborales, que no han visto mejoras significativas en su condición.

La situación resulta especialmente crítica para aquellos migrantes en situación irregular, quienes se enfrentan a barreras extremadamente difíciles para denunciar los delitos de los que son objeto. Asimismo, la exención de responsabilidad administrativa y el acceso a autorizaciones provisionales de trabajo y residencia contempladas en la legislación apenas benefician a un número muy limitado de estas víctimas.

En este contexto, el Defensor del Pueblo aboga por garantizar que la identificación de potenciales víctimas se realice lo más pronto posible, implementando todas las medidas necesarias para proteger a estas personas. Esto es fundamental no solo para impedir su expulsión, sino también para asegurar que tengan acceso a los recursos esenciales para su acogida y atención.

Por otra parte, el informe destaca la relevancia de la Directiva (UE) 2024/1712, que demanda la creación de "mecanismos de derivación formales" y la provisión de "centros de acogida y alojamientos seguros" que respondan a las necesidades específicas de las víctimas de trata. Sin embargo, se señala que, por la falta de recursos, esta directiva aún no se está cumpliendo respecto a las víctimas de trata con fines de explotación laboral.