El Defensor exige saber si la Generalitat asegura la enseñanza del castellano.

En Madrid, el 24 de marzo, el Defensor del Pueblo ha manifestado su compromiso de continuar supervisando las políticas educativas relacionadas con el uso del castellano en las aulas. Esta declaración se enmarca en su informe anual 2025, que fue presentado recientemente en el Congreso a su presidenta, Francina Armengol, y que ha sido recogido por Europa Press.

El informe subraya que, tras la suspensión provisional del Decreto 91/2024, que regula el régimen lingüístico en el sistema educativo no universitario de Cataluña, el Defensor del Pueblo solicitó al Departamento de Educación de la Generalitat información sobre las directrices brindadas a las escuelas. El objetivo es asegurarse de que las prácticas educativas referentes al uso y enseñanza de las lenguas oficiales respeten la suspensión cautelar y mantengan el aprendizaje del castellano.

Además, el documento destaca que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha invalidado varios artículos del mencionado decreto, argumentando que no garantizan una presencia adecuada del castellano en el sistema educativo.

Por otro lado, el Defensor del Pueblo ha alertado que la posibilidad de elegir entre el castellano o el valenciano en el sistema educativo de la Comunidad Valenciana, tal como lo establece la Ley 1/2024, ha suscitado un número significativo de quejas entre familias que no están satisfechas con el resultado de la elección. Este proceso se basa en el porcentaje de preferencias de los padres.

En su informe anual, la institución asegura que, en todos los casos analizados, las decisiones se han tomado según el marco legal vigente, reafirmando así la necesidad de un seguimiento atento en cuestiones que afectan la educación y los derechos lingüísticos.