En Madrid, a fecha 29 de enero, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha comparecido este miércoles ante un magistrado del Tribunal Supremo, que lo investiga por un presunto caso de revelación de secretos. Durante su declaración, García Ortiz negó haber filtrado correos electrónicos relacionados con Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Según han informado fuentes jurídicas a Europa Press, el alto funcionario del Ministerio Público ha defendido ante el tribunal, bajo el asesoramiento de la Abogacía del Estado, que no entregó ni los correos electrónicos ni ningún expediente tributario sobre González Amador a ningún individuo, ya sea dentro o fuera de la Fiscalía. Además, desmintió haber dado instrucciones a otros de hacer tal divulgación.

El fiscal general también ha asegurado que no tiene conocimiento de que la filtración haya partido de la Fiscalía General o de la Fiscalía Provincial de Madrid, y ha enfatizado que no se intentó perjudicar a González Amador ni obstaculizar su situación por su relación con Díaz Ayuso.

García Ortiz optó por no responder a las preguntas planteadas por la defensa de González Amador, limitándose a interactuar únicamente con su abogado y con la Fiscalía, argumentando que había omisiones significativas en la querella presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En ese contexto, mencionó el hecho de que había enviado al jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, el correo cuya filtración se encuentra bajo investigación en el Supremo.

El fiscal general hizo su entrada al tribunal a las 9:45 de la mañana, luciendo un traje gris y una corbata decorada con representaciones de la balanza de la justicia, mientras un grupo de personas le abucheaba con gritos de "sinvergüenzas". Sin embargo, eligió no ofrecer declaraciones a los medios de comunicación presentes. Cabe destacar que esta es la primera ocasión en que un fiscal general se presenta como investigado ante un tribunal.

El magistrado está llevando a cabo una indagación para determinar si García Ortiz y otros dos fiscales imputados filtraron el correo electrónico que el abogado de González Amador remitió el 2 de febrero al fiscal de delitos económicos que lo estaba investigando, Julián Salto, en el cual accedía a reconocer dos delitos fiscales a cambio de lograr un acuerdo.

El instructor ha destacado que los informes proporcionados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil contienen "información de peso", la cual podría fortalecer la hipótesis de la participación de García Ortiz en la filtración denunciada. En particular, se ha señalado un informe que apunta a que el fiscal general tuvo una "participación preeminente" en el incidente.

De lo que se ha indagado hasta ahora, el magistrado considera que existen suficientes indicios que podrían sugerir que García Ortiz fue quien deliberadamente condujo las acciones que culminaron en la filtración, aprovechando su posición privilegiada sobre otros fiscales.

En el transcurso de su declaración, García Ortiz reveló que ha cambiado su teléfono móvil en seis ocasiones desde que asumió el cargo en la Fiscalía General del Estado. También hizo hincapié en que, por cuestiones de seguridad y en cumplimiento de sus obligaciones legales, elimina de manera rutinaria el contenido de su dispositivo, ya que contiene información "sensible" relacionada con causas penales.

Por su parte, la UCO no ha podido acceder a los chats y correos del fiscal general, ya que en su informe sobre la incautación de información en su despacho se reportó que no se encontraron "mensajes" en sus dispositivos.

Para intentar localizar esa información, el magistrado ha solicitado asistencia a WhatsApp y Google, y ha indagado con el departamento de informática de la Fiscalía General sobre si se han formateado los aparatos del fiscal general, ya sean antiguos o actuales.

Además, el instructor ha requerido al delegado de protección de datos de la Fiscalía una copia de la normativa interna que justifique la ausencia de mensajes en los dispositivos de García Ortiz, después de que el fiscal de delitos económicos que llevaba la investigación sobre el novio de Díaz Ayuso rechazara tener conocimiento de algún protocolo relacionado con la eliminación de mensajes.