El Gobierno español ha mostrado ser "favorable" a impulsar medidas a nivel internacional que lleven a la regulación y la persecución del "crimen de ecocidio". Esto se ha dado a conocer después de responder a una pregunta escrita del grupo parlamentario de Más País Verdes-Equo. La pregunta se refería a si el Ejecutivo español tiene previsto apoyar la propuesta de reconocimiento del ecocidio así como los delitos autónomos contra el medio ambiente, en el marco del Consejo Europeo.

El delito de ecocidio es definido por el Parlamento Europeo como un "acto ilícito arbitrario perpretado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos y duraderos al medio ambiente". Para Más País Verdes Equo, en España existen "múltiples ejemplos pasados y presentes" de ecocidio de "magnitud y daños incalculables" como el desastre de la mina de Aznalcóllar en 1998, el Prestige en 2002, el saqueo del agua de Doñana y el desastre del Mar Menor.

La diputada de Más País-Verdes Equo, Inés Sabanés, considera que estos ecocidios han quedado "impunes" debido a la falta de herramientas y mecanismos jurídicos necesarios. Por ello, defiende la necesidad de cerrar esa brecha jurídica y reconocer a nivel europeo y nacional, el ecocidio, así como los delitos autónomos contra el medio ambiente, para evitar dichos crímenes en un futuro.

La validación de la definición de ecocidio por el Parlamento Europeo es un "paso más cerca" de reconocer el ecocidio y los delitos autónomos contra el medio ambiente en la legislación europea y, por consiguiente, en la de sus países miembro. Sin embargo, Sabanés sostiene que es fundamental que tanto el Consejo Europeo como la Comisión Europea apoyen la inclusión de estos actos como delitos después de la validación de la posición en el Parlamento Europeo.