El Gobierno español ha expresado este martes su comprensión hacia la huelga convocada por varias asociaciones de jueces y fiscales. La ministra Portavoz, Pilar Alegría, ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo con la "reforma modernizadora" que impulsa el ministro de Justicia, Félix Bolaños, sin dejar de reconocer el derecho a la protesta.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Alegría hizo hincapié en la necesidad de respetar a aquellos jueces y fiscales que han decidido no unirse a la movilización. En este contexto, señaló que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) había respondido de manera clara y unánime a la llamada a la huelga, argumentando que su postura era "contundente".

El 26 de junio, el CGPJ acordó ignorar la huelga convocada por todas las asociaciones de jueces y fiscales, excepto la de corte progresista, que estaba programada para los días 1, 2 y 3 de julio en oposición a las reformas judiciales. Además, el Consejo indicó que no tiene la autoridad para establecer servicios mínimos en este tipo de acciones.

Asimismo, el CGPJ decidió no sancionar a aquellos que participen en la huelga y advirtió a los organizadores que la acción carece de una base normativa que la respalde.

Alegría puso de relieve las "virtudes significativas" de la reforma que se está considerando actualmente en el Congreso de los Diputados, destacando iniciativas como la institucionalización de becas para jóvenes aspirantes a jueces y fiscales, además de la introducción de pruebas escritas y la grabación de las pruebas orales.

Entre otras novedades, la ministra resaltó que los jueces que estén interesados en formar a futuros opositores quedarán registrados públicamente. “Todo esto tiene como objetivo la mejora y modernización de la administración de justicia en nuestro país”, concluyó.