MADRID, 2 de diciembre.

En un importante anuncio para el sector público, el Gobierno ha confirmado que en este mes se llevará a cabo un incremento salarial del 2,5% que beneficiará a 540.000 empleados públicos en el ámbito estatal.

Durante la reunión del Consejo de Ministros, se aprobó un Real Decreto-ley que implementa esta subida, la cual fue acordada previamente con los sindicatos UGT y CSIF, mientras que CCOO está evaluando su posible adhesión a este pacto. Esta mejora tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año.

El nuevo decreto también contempla que, a partir de 2026, los salarios de los funcionarios se verán incrementados en un 1,5%, además de añadir un posible 0,5% extra dependiendo de la evolución del índice de precios al consumidor.

Óscar López, ministro de Transformación Digital y Función Pública, destacó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que estos ajustes salariales forman parte de un plan más amplio que prevé un incremento global del 11% para los años 2025 a 2028, fruto de negociaciones entre el ministerio y los sindicatos UGT y CSIF.

Este aumento del 11% se desglosa en un 2,5% para el presente año, un 1,5% para 2026, un 4,5% para 2027 y un 2% para 2028, permitiendo así que los funcionarios mantengan su poder adquisitivo a lo largo del periodo mencionado.

López explicó que la subida de este año, correspondiente al 2,5%, se pagará en un solo abono durante diciembre, una medida que supone un alivio inmediato para los trabajadores del sector público estatal. Para el año 2026, el aumento fijo será del 1,5%, que podría incrementarse si la inflación supera este porcentaje.

Si se da el caso de que la inflación sobrepasa el 1,5%, el 0,5% adicional se pagará en el primer trimestre de 2027, con efectos retroactivos desde el inicio de ese año.

Este acuerdo es crucial para beneficiar a más de tres millones de empleados públicos, garantizando una subida salarial del 2,5% para 2025 y un 2% para 2026, lo que les ayudará a salvaguardar su capacidad de compra, según López.

El Real Decreto-ley no solo establece mecanismos para la subida retributiva en 2025, retroactiva desde el 1 de enero, sino que también asegura el mismo tipo de incremento para el año siguiente, comenzando igualmente el 1 de enero de 2026.

La subida salarial del 2,5% prevista para 2025 busca ser consolidada en relación a los sueldos de diciembre de 2024 y se han habilitado las disposiciones pertinentes para que esta mejora se aplique de inmediato.

El ministro aclaró que el acuerdo abarca a todas las administraciones públicas, alcanzando así a aproximadamente 3,5 millones de empleados públicos en España. Sin embargo, el Real Decreto aprobado se centra principalmente en los funcionarios de la Administración General del Estado.

Como es habitual, las diferentes administraciones deberán acordar cómo implementar el incremento, ya que cada comunidad autónoma y ayuntamiento decidirá el mecanismo de pago. Algunas administraciones podrían optar por realizar el abono completo en diciembre, al igual que la Administración General del Estado.

Por lo tanto, el aumento salarial de 2025 se hará efectivo este mes, a modo de pagos retroactivos desde enero de este año.

Este pago único beneficiará a 540.000 funcionarios estatales. Por ejemplo, aquellos con un salario medio de 3.300 euros brutos mensuales recibirán aproximadamente 1.140 euros adicionales en diciembre, correspondientes a los atrasos del año 2025.

Las demás administraciones públicas determinarán el calendario para el abono de los importes y atrasos de 2025, lo que podría repartirse en los años 2026, 2027 y 2028 o hacerse efectivo también en diciembre de 2025.

El Real Decreto-ley establece que para 2026 habrá un incremento consolidable del 1,5% sobre los salarios vigentes a finales de 2025, lo que implica un aumento acumulado del 4% entre diciembre de este año y enero del siguiente. Además, un incremento del 0,5% estará sujeto al comportamiento del IPC en 2026, si este se sitúa igual o superior al 1,5%.

Aunque la subida total pactada para 2025-2028 es del 11%, los sindicatos pronostican que esto podría traducirse en un incremento acumulado del 11,5% para los empleados públicos debido al efecto compuesto de los distintos aumentos cada año.

López expresó su esperanza de que CCOO se sume al acuerdo, a lo que ha descrito como un trato favorable para los funcionarios, que no solo asegura la recuperación de su poder adquisitivo, sino que también incluye mejoras en temas de empleo y conciliación.