El Ministerio de Función Pública se encuentra en plena planificación de la Oferta de Empleo Público (OEP) para el año 2025, con el objetivo de iniciar las discusiones necesarias en el mes de junio. Esta iniciativa surge tras la alarmante pérdida de más de 20.000 empleos en la última década, según señala la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

Durante una reciente rueda de prensa, el sindicato expuso que el departamento está llevando a cabo una especie de "tarea preliminar", en la que se consultarán diversas organizaciones para identificar las necesidades reales de personal antes de comenzar a formalizar la oferta de empleo.

Aunque CSIF ha admitido que aún no se conocen las plazas que el Gobierno tiene previsto convocar para este año, se han hecho eco de la afirmación de la Administración de que se mantendrá una tendencia "positiva" en el desarrollo de la OEP.

En este contexto, el sindicato subraya que la nueva oferta de empleo no debería limitarse a cubrir los puestos dejados por los trabajadores jubilados en años anteriores. En cambio, abogan por una solución que atienda el "déficit estructural" que persiste en la Administración Pública.

Los datos proporcionados por Función Pública revelan que, en 2024, las incorporaciones (18.747) casi duplicaron las bajas (9.802), y que la edad media de los empleados ha descendido de 51 a 49 años. Actualmente, el 42% de los trabajadores públicos es menor de 50 años, y uno de cada cuatro tiene menos de 40 años.

Sin embargo, desde CSIF lamentan que, a pesar de las declaraciones optimistas del ex ministro de Función Pública, José Luis Escrivá, sobre la eliminación de la tasa de reposición en 2025, esta medida volverá a estar presente en la próxima oferta de empleo.

"Con esta tasa de reposición, no podremos ajustar las plantillas como es necesario, lo que resultará en un servicio insatisfactorio para la ciudadanía", expresó Carlos Martínez, presidente de la AGE de CSIF.

Además, se añade a la problemática el hecho de que un 21% de la plantilla, equivalente a 50.900 personas, ya ha alcanzado o superado los 60 años, lo que complicará aún más la cobertura de los servicios públicos.

En la misma reunión con medios, se hizo público que el Ministerio de Función Pública está desarrollando una reestructuración de la Administración que contempla la clasificación de su plantilla en "áreas funcionales", en contraste con la clásica organización departamental.

Este enfoque busca organizar el trabajo según las distintas funciones que se realizan: desde la acción gubernamental y la política exterior, hasta la administración digital y la normativa. La meta es crear un plan de recursos humanos que defina con precisión los puestos necesarios, de forma que se identifiquen claramente las demandas en la oferta de empleo y se formen los nuevos recursos humanos.

CSIF sostiene que este proceso de reestructuración debe ir acompañado de un refuerzo en las plantillas y una mejora en las condiciones laborales, como estipula la Ley de Función Pública, que debe incluir la evaluación del desempeño, el desarrollo profesional y la igualación salarial entre los empleados de la Administración General y sus homólogos en administraciones locales y autonómicas.

Asimismo, han hecho un llamado a garantizar la participación de todas las partes interesadas, dado que esta reorganización afectará directamente al propio empleo público.

Por si fuera poco, el sindicato ha anunciado su intención de presentar una proposición de ley que busque la revalorización automática de los salarios de los funcionarios, considerando que aún queda pendiente una subida salarial del 0,5% correspondiente a 2024.

"No es admissible que los trabajadores públicos queden a la deriva por la falta de presentación de los Presupuestos por parte del Gobierno", destacó Francisco Lama, secretario de Acción Sindical de CSIF, recordando que estos profesionales han visto disminuido su salario en un 21,95% desde hace años.

Además, desde CSIF se ha denunciado una inacción por parte del Gobierno, que a seis meses de iniciar las negociaciones para un nuevo acuerdo en Función Pública, no ha concretado avances en ningún tema. "La Administración se ha negado a discutir nada", apuntaron desde el sindicato, subrayando que el diálogo se ha centrado en cuestiones "menos conflictivas" mientras que no se ha logrado avanzar en asuntos más cruciales.

Milagros Dorronzoro, secretaria de negociación de CSIF, advirtió que todas las solicitudes de jubilación parcial anticipada del personal también han quedado estancadas, un derecho previamente establecido que ha sido afectado por la reforma de pensiones, ya que la nueva legislación exige que los reemplazos sean a "tiempo completo y fijo", creando así una tensión particular dentro del entorno público.

Asimismo, el sindicato ha puesto en evidencia el déficit de personal en la Seguridad Social, a pesar de la creación reciente de 5.300 posiciones, así como el alarmante dato de que el 45% de las oficinas del SEPE no cuentan con el personal necesario para funcionar eficientemente.

En este contexto, CSIF ha dejado claro que no descartan "ningún tipo de medida" de presión al Gobierno para que escuche sus demandas y tome acción al respecto.