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Nacional 26 de Marzo de 2026 · 09:51h 3 min de lectura

El Gobierno concede las primeras 15 compensaciones a víctimas de la represión tardofranquista.

El Gobierno español ha iniciado un proceso para atender cerca de cincuenta solicitudes de reparación e indemnización para víctimas de la represión franquista, abarcando desde los asesinatos hasta lesiones graves sufridas entre el 1 de enero de 1968 y el 29 de diciembre de 1978. Esta información fue compartida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en una intervención en el Congreso.

Durante el debate sobre la convalidación de un decreto que modifica la Ley de Memoria Democrática, Torres destacó que se ha ampliado el marco temporal de aplicación de esta ley hasta el momento en que se instauró la Constitución. La intención es proporcionar un respaldo a este colectivo de víctimas que ha sido ignorado durante demasiado tiempo.

El ministro precisó que la comisión responsable de analizar estas peticiones ha recibido alrededor de 50 solicitudes hasta la fecha, de las cuales se han estudiado 18 con un resultado positivo en 15 casos. Entre estos se encuentra el de Manuel José García Caparrós, un joven de 18 años que fue asesinado en 1977 durante una manifestación en defensa de la autonomía andaluza en Málaga.

Además, se prevé indemnizar a los familiares de Víctor Manuel Pérez, quien tenía solo 23 años cuando perdió la vida en Portugalete tras ser atacado por la espalda mientras repartía volantes en apoyo a una huelga, así como a Amador Rey, que fue asesinado junto a un compañero durante una movilización en Ferrol, dejando a su esposa e hijos a su cargo.

Asimismo, se han aprobado las solicitudes de indemnización para el caso de Ángel Almazán, que falleció en 1976 tras ser brutalmente golpeado por la policía tras una manifestación, y para Juan Gabriel Rodrigo Nafo, quien fue víctima de la represión durante protestas laborales en Tarragona ese mismo año.

Torres también recordó el trágico caso de Francisco Javier Nuñez Fernández, quien fue agredido por las fuerzas represivas al regresar de misa con su pequeña hija en Bilbao. Tras llevar a su hija a un lugar seguro, sufrió una golpiza y, al intentar denunciar lo sucedido, fue torturado y falleció a causa de las lesiones casi dos semanas después. El recuerdo de su sufrimiento resonó fuerte en el Congreso, donde su familia estuvo presente.

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