MADRID, 17 de enero. En un momento crítico para la política catalana, el Gobierno español vislumbra la posibilidad de restablecer la comunicación con Junts, cuya relación se encuentra actualmente deteriorada. Las autoridades esperan que el regreso del expresidente catalán Carles Puigdemont, previsiblemente autorizado por el Tribunal Constitucional, pueda ser el catalizador que incentive la reanudación de negociaciones sobre temas cruciales, como el nuevo modelo de financiación autonómica.

La distancia entre el Gobierno y Junts es palpable y no se presenta como un mero despliegue mediático. Las fuentes consultadas indican que los líderes independentistas parecen haber cerrado las puertas al diálogo, limitando los espacios de comunicación que se habían desarrollado en años recientes. “No están dispuestos a establecer un contacto con nosotros”, afirman desde el equipo gubernamental.

En Moncloa se percibe la situación actual como insostenible para Junts, con reflexiones que sugieren que la continuidad de su postura no es viable. Desde el Gobierno, se tiene la esperanza de que el eventual regreso de Puigdemont, a quien el Tribunal Constitucional podría dar luz verde para regresar a España, contribuya a reconducir las relaciones.

Las dificultades que enfrenta el Gobierno son notables, ya que los miembros de Junts se ven a sí mismos como víctimas de la justicia española, dado que su líder reside en Bélgica desde 2017 para evadir las acusaciones por su papel en el proceso secesionista en Cataluña.

Los planes del Ejecutivo incluyen la posibilidad de que Puigdemont regrese a territorio español durante la primavera, posiblemente en mayo o junio, siempre y cuando el Tribunal Constitucional falle a su favor en relación a su recurso contra la negativa del Tribunal Supremo de amnistiarlo por el delito de malversación.

Puigdemont, por su parte, también ha solicitado al Tribunal Constitucional que anule la orden de detención nacional en su contra, un impedimento que lo ha mantenido alejado de su país durante más de ocho años.

Si el Gobierno logra sortear esta dificultad legal, confían en que Junts pueda reconsiderar su postura respecto al nuevo modelo de financiación autonómica, que ha sido acordado con Oriol Junqueras, el dirigente de ERC, el otro gran partido independentista en Cataluña.

Hasta la fecha, Junts ha rechazado el nuevo modelo, a pesar de que este aportará 4.700 millones de euros a Cataluña, colocándola como una de las comunidades más beneficiadas del nuevo esquema. Sin embargo, Puigdemont y su equipo argumentan que este modelo no se asemeja al concierto económico de Euskadi y Navarra, ya que Cataluña continuaría dentro del régimen común. A pesar de estas reservas, el Gobierno se siente optimista respecto a la posibilidad de acercar a Junts, tal y como lo hizo con ERC en su momento.

En este contexto, funcionarios gubernamentales subrayan que han conseguido atraer a ERC hacia el acuerdo actual, a pesar de las reticencias iniciales y la demanda del “concierto catalán” al comienzo de las negociaciones.

Por lo tanto, los socialistas confían en que Junts siga un camino similar y creen que un eventual retorno de Puigdemont abrirá un nuevo capítulo favorable para la aprobación del nuevo sistema de financiación, un objetivo clave en el último periodo legislativo, especialmente tras 13 años de un modelo que ha quedado obsoleto.