El pasado 28 de noviembre en Madrid, el Gobierno de España ha dado luz verde a la operadora de telecomunicaciones saudí, STC, permitiéndole incrementar su participación en el capital social de Telefónica hasta un 9,9%. Este paso convierte a STC en uno de los accionistas más significativos de la histórica compañía española, según detalló el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El ministro Cuerpo enfatizó que "el Consejo de Ministros ha autorizado la inversión del principal operador de telecomunicaciones de Arabia Saudí, STC, para que su participación en Telefónica alcance el 9,9%. Esta decisión fue precedida por un análisis minucioso de las autoridades españolas, garantizando no solo el cumplimiento de nuestra legislación, sino también la defensa de nuestros intereses nacionales".

Es importante mencionar que este movimiento no es nuevo, ya que STC realizó una inversión inesperada de 2.100 millones de euros en septiembre de 2023, adquiriendo inicialmente el 9,9% de Telefónica, de los cuales el 4,9% se adquirió a través de acciones directas y un 5% adicional mediante instrumentos financieros.

La normativa actual sobre inversiones extranjeras establece que, dado que Telefónica es considerada una empresa estratégica y sujeta a regulaciones de seguridad nacional, el Gobierno debe aprobar que una empresa no comunitaria posea más del 5% de las acciones de una compañía española de esta envergadura.

La llegada repentina de STC al capital de Telefónica ha generado una serie de movimientos en la estructura accionarial de la empresa, que es dirigida por José María Álvarez-Pallete. Como respuesta a esta situación, a finales de mayo, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) alcanzó un 10% del capital social de Telefónica, cumpliendo así con el mandato que el Gobierno le había encomendado el año anterior.

En total, la SEPI adquirió 567.016.155 acciones, con un coste promedio de 4,0295 euros por acción, lo que implica un desembolso cercano a los 2.285 millones de euros. Además, se suman 541 acciones que ya estaban en su posesión, elevando la cifra total a 567.016.696 acciones.

Este mandato gubernamental, que tuvo lugar el 19 de diciembre de 2023, permitió que el Estado adquiriera el 10% de Telefónica en un periodo concentrado de cinco meses.

El movimiento de la SEPI se desarrolló como una respuesta directa a la inesperada incursión de STC en la compañía el 5 de septiembre. A medida que la SEPI avanzaba en su compra de acciones, el consejo de administración de Telefónica decidió el 8 de mayo aceptar la renuncia voluntaria de Carmen García de Andrés como consejera, y nombrar a Carlos Ocaña Orbis en su lugar, quien ahora representa a la SEPI en el máximo órgano de decisión de la teleco.

Al mismo tiempo, la entrada de STC en el accionariado de Telefónica ha sido un catalizador para que CriteriaCaixa, el vehículo de inversión de la Fundación Bancaria La Caixa, alcanzara una participación del 9,99% en la operadora a finales de junio. Con este porcentaje, CriteriaCaixa se aproxima al control del Estado a través de la SEPI, aunque ha fijado una meta máxima de 10,01%.

Estos movimientos, tanto del Gobierno a través de la SEPI como de CriteriaCaixa, son interpretados como un esfuerzo por mantener una fuerte representación española en el consejo de administración de Telefónica, resguardando así los intereses nacionales en un contexto financiero cada vez más globalizado y complejo.