En el escenario político español, las tensiones han alcanzado un nuevo clímax, marcado por la reciente votación del decreto ley 'ómnibus'. Aunque el Gobierno ha centrado sus críticas de forma explícita hacia el Partido Popular (PP), en círculos más reservados se revela un creciente descontento con Junts por su decisión de votar en contra de esta normativa vital.

Este decreto, que en su seno albergaba medidas de considerable importancia como el aumento de las pensiones de jubilación, descuentos en el transporte público y asistencia a los damnificados por la dana, se ha visto abocado ahora a su derogación tras la negativa del partido independentista. La repercusión de esta falta de apoyo se traduce en una significativa derrota parlamentaria para el Ejecutivo, justo al inicio de 2025.

Desde Moncloa, circulaban noticias sobre posibles 'avances' en las negociaciones con Junts, alimentando la esperanza de que estos podrían finalmente brindar su apoyo. Sin embargo, a pesar de esos esfuerzos, las conversaciones no resultaron en un acuerdo y los independentistas optaron por un categórico 'no'.

En relación a posibles encuentros entre partidarios en el exterior—una situación que Puigdemont había exigido como condición—tanto el Gobierno como el PSOE se han mantenido en la ambigüedad, admitiendo que existieron contactos, pero sin concretar si se llegó a realizar alguna reunión definitiva que pudiera haber desbloqueado el resultado de la votación.

Las quejas expresadas por las fuentes gubernamentales apuntan a que las medidas integradas en el decreto fueron previamente acordadas de manera significativa, lo que hace aún más sorprendente la decisión de Junts de votar en contra. De hecho, estas mismas fuentes subrayan que, tanto ellos como el PP, deberán ofrecer explicaciones a la ciudadanía sobre sus respectivas posturas. "Cada palo que aguante su vela", afirman, reflejando la frustración existente.

En la víspera de la votación, el discurso del Gobierno enfatizaba que las negociaciones venían desarrollándose durante varias semanas y que existía la esperanza de un eventual visto bueno por parte de Junts, dadas las circunstancias complejas de las materias en cuestión.

Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando, el viernes anterior, Puigdemont declaró la "suspensión de negociaciones" con el PSOE, manteniendo su negativa a discutir los Presupuestos Generales del Estado para 2025, tras su exigencia de que Pedro Sánchez enfrentara una cuestión de confianza. Este movimiento quedó marcado por la presión política que enfrenta el líder independentista.

Pese a estos acontecimientos, desde Moncloa y la sede del PSOE en Ferraz evitaron caracterizar el anuncio de Puigdemont como un cierre definitivo del diálogo. Más bien, interpretaron sus declaraciones como una forma "modulada" de expresar desacuerdo, apuntando a la posibilidad de que no se hubieran cerrado todas las vías de comunicación entre ambos grupos políticos.

En respuesta, los socialistas optaron por una postura mesurada, sin entrar en confrontaciones directas, convencidos de que aún había posibilidades de reconciliación. Sin embargo, la caída del decreto dejó consecuencias inmediatas: el aumento de las pensiones ha quedado en suspenso, los precios del transporte público se elevarán y se desvanecerán ayudas cruciales para los ciudadanos damnificados, así como la prohibición de cortar suministros básicos a los más vulnerables.