El 27 de mayo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha dado a conocer una serie de resoluciones a través del Boletín Oficial del Estado (BOE), en las que se actualiza la representación de las organizaciones agrarias a nivel estatal. Este reconocimiento oficial se otorga a cuatro entidades: la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos-Iniciativa Rural (COAG-IR), la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos (UdU).

Esta reconfiguración marca el inicio de un nuevo capítulo, después de un estancamiento que se prolongó por 16 años, durante el cual solo Asaja, COAG y UPA disfrutaban de esta condición representativa, un estatus que se basaba en procesos de votación que datan de principios del siglo XXI.

El origen de esta situación de parálisis se remonta a la implementación de la ley 12/2014. Esta normativa introdujo un sistema que tenía como objetivo evaluar la representación de las organizaciones agrarias a nivel estatal mediante un mecanismo de consulta pública, directa y simultánea a lo largo de todo el país.

Sin embargo, la complejidad del procedimiento establecido y los retos logísticos y económicos asociados a su aplicación hicieron que no se lograra una implementación efectiva. Además, la evaluación de la representatividad de estas organizaciones quedó supeditada a un desarrollo reglamentario que nunca se llevó a cabo.

Como resultado, el sistema de representación creado por la ley no pudo ser utilizado en la práctica. Ante esta situación, el Gobierno ha mantenido un diálogo continuo con las organizaciones agrarias y los partidos políticos, lo que ha conducido a la creación de una nueva regulación. Esta fue aprobada como disposición adicional en la Ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario, que entró en vigor el 1 de abril.

Con esta nueva normativa, el ministerio ha establecido que la representatividad de las organizaciones se revisará y actualizará cada cinco años a partir de la publicación de estas resoluciones. El fin es asegurar que las entidades agrarias que operan en la práctica también tengan una voz oficial en el diálogo con el Ministerio.

Recibir el estatus de organización profesional más representativa capacita a estas agrupaciones para actuar como voceras ante el Gobierno en nombre del sector agrícola. Esto es particularmente relevante en el Consejo Asesor Agrario, presidido por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como en otros foros de consulta vinculados a temáticas medioambientales, laborales y otras áreas decisivas para el sector agrario.