El Gobierno lanza iniciativa para que las empresas adopten la factura electrónica B2B en uno o dos años, según su tamaño.

En un paso significativo hacia la modernización del sector empresarial, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a un decreto que instituye la obligatoriedad del uso de facturas electrónicas en las transacciones entre empresas y profesionales, una iniciativa conocida como sistema B2B. Este nuevo marco legal se implementará de manera gradual: las empresas con ingresos que superen los 8 millones de euros tendrán un año para adaptarse, mientras que las demás contarán con un periodo de dos años, a contar desde la publicación de la normativa que regule la plataforma pública de facturación.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, subrayó en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo que esta iniciativa no solo impulsa la digitalización del tejido empresarial, sino que también tiene el potencial de disminuir la morosidad y facilitar un flujo de caja más ágil y predecible, lo que es especialmente beneficioso para las pequeñas y medianas empresas.

De acuerdo con el decreto, la factura electrónica se define como un archivo estructurado que puede ser leído de forma automatizada, marcando el fin del uso convencional de formatos como PDF y Excel. Además, se introduce la obligatoriedad de que las empresas informen sobre el estado de cada factura: incluyendo su aceptación y la fecha efectiva de pago.

Las empresas tendrán dos opciones para gestionar el intercambio de facturas electrónicas: la primera consiste en plataformas privadas que deberán interconectarse entre sí, evitando que una empresa dependa exclusivamente de la plataforma de su cliente. La segunda opción es la implementación de una solución pública y gratuita que será desarrollada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), accesible a todo tipo de empresas, incluidos autónomos con un número limitado de facturas mensuales.

Con el propósito de facilitar la adaptación a esta nueva normativa, se ha establecido un calendario de implementación escalonado: un año para las grandes empresas y dos para el resto, comenzando su cuenta atrás desde la fecha de publicación de la orden ministerial que regulará los aspectos técnicos de la solución pública, prevista antes del 1 de julio de 2026.

Cuerpo también enfatizó que el objetivo de este decreto es asegurar que las pymes puedan adaptarse sin dificultades, ofreciendo así un amplio margen temporal acorde a la dimensión de las empresas afectadas.

La introducción de este decreto de facturación electrónica B2B coincide con otro proyecto del Ministerio de Hacienda, conocido como 'Verifactu', que ya ha iniciado su andadura, aunque sus impactos reales se prevén para 2027. Aunque ambos esfuerzos se han tramitado simultáneamente, son dos iniciativas diferentes. Verifactu se centra en la lucha contra el fraude fiscal, estableciendo obligaciones para los desarrolladores de software de facturación con el fin de minimizar la manipulación de documentos y habilitar mecanismos de reporte a la Agencia Tributaria.

Esta normativa sobre facturas electrónicas B2B, por otro lado, complementa el artículo 12 de la Ley Crea y Crece (18/2022) y se alinea con la estrategia del Unión Europea para la digitalización del IVA, bajo la iniciativa VIDA de la Comisión Europea.

Según el organismo dirigido por Cuerpo, la implementación de facturas electrónicas B2B promete generar sustanciales ahorros en tiempo y recursos para las empresas, facilitando así la recepción eficiente de cientos o miles de facturas anuales en un formato que los sistemas contables pueden procesar directamente. Este enfoque contrasta notablemente con los métodos tradicionales que requieren reintegrar información desde documentos en PDF o papel.

Actualmente, más de 550 millones de facturas electrónicas son intercambiadas anualmente en España, lo que se traduce en ahorros que superan los 2.700 millones de euros. Proyecciones futuras, tomando como referencia el modelo italiano que implementó el sistema B2B en 2019, sugieren que, al alcanzar un volumen de 2.000 millones de facturas electrónicas anuales, se podrían generar ahorros adicionales de más de 8.000 millones de euros para el conjunto de empresas en el país, tal y como ha explicado Cuerpo.