Un análisis reciente del IX Informe Foessa, publicado por Cáritas, ha revelado preocupaciones significativas sobre la desigualdad y el acceso a oportunidades para los jóvenes en España. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha subrayado que muchas de las políticas que afectan el ascensor social, como la educación y la vivienda, recaen en las comunidades autónomas, las cuales han experimentado reducciones en sus presupuestos en los últimos años.

Según datos del Ministerio, se estima que las comunas podrían llegar a ahorrar hasta 600 millones de euros en este ejercicio fiscal, lo que plantea interrogantes sobre el impacto de tales recortes en el bienestar social. La publicación también advierte sobre un fenómeno alarmante de fragmentación social que persiste en un país que, a pesar de presentar indicadores de progreso, enfrenta niveles desmesurados de desigualdad, situando a más de 4,3 millones de personas, incluyendo 1,4 millones de menores, en condiciones de exclusión severa.

El Ministerio ha elogiado el informe por su rigor y por ofrecer un análisis empírico fundamental para comprender la dinámica de la pobreza y la exclusión en el país. En medio de estos desafíos, han destacado ciertos aspectos positivos, como el crecimiento del empleo juvenil, que ha alcanzado un notable aumento del 24,3% desde 2021. Estas cifras son superiores a la media nacional, sugiriendo un avance en la integración de los jóvenes en el mercado laboral.

Las mejoras en el mercado laboral para los jóvenes son alentadoras, especialmente en sectores innovadores que ofrecen condiciones laborales más favorables. Además, el informe señala que la temporalidad entre los jóvenes se ha reducido en un 30%, indicativo de un cambio hacia empleos más estables. El aumento del 29% en el empleo juvenil también refleja un crecimiento en posiciones de alto valor añadido.

A pesar de estos avances, el informe de Cáritas subraya que el empleo ha perdido gran parte de su capacidad para actuar como un salvaguarda social, con un alarmante 47,5% de la población activa enfrentando precariedad laboral. Esto se traduce en 11,5 millones de trabajadores atrapados en diversas formas de inestabilidad laboral, lo que se suma a la crisis general de desigualdad que ha sido tan evidente en la sociedad española.

El análisis también se centró en el acceso a la vivienda, revelando que un 45% de quienes viven en alquiler se enfrentan a un alto riesgo de pobreza. Esta situación es la más grave de la Unión Europea, lo que subraya la necesidad urgente de abordar esta cuestión. Aunque la vivienda no está directamente en manos del Ministerio de Inclusión, se ha destacado el compromiso de su ministra, Elma Saiz, por impulsar proyectos de vivienda asequible, reforzando iniciativas a través del Fondo de Impacto Social.

Un ejemplo de estas iniciativas es la reciente inversión de cinco millones de euros en la plataforma tuTECHÔ, centrada en la adquisición de inmuebles para alquiler a precios accesibles, lo cual es esencial para combatir la crisis habitacional que afecta a tantas familias. En el ámbito de las ayudas sociales, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha mostrado numerosas mejoras, convirtiéndose en una red de protección esencial para jóvenes que se enfrentan a situaciones vulnerables.

Las facilidades introducidas permiten que los jóvenes accedan automáticamente al IMV al cumplir 18 años, sin requerir acreditar experiencia de vida independiente, lo que representa un avance significativo en la protección de menores en situaciones críticas. Además, se contemplan medidas especiales para mujeres víctimas de violencia de género, garantizando que no se les exija cumplir con ciertos requisitos que podrían poner en peligro su bienestar.

En cuanto a las rentas mínimas, el Ministerio ha señalado que trabajan para extender la protección a colectivos no cubiertos por el IMV, aunque se ha expresado preocupación por la falta de reformas en varias comunidades autónomas. Solo algunas, como el País Vasco y la Comunidad Valenciana, han mostrado avances significativos, mientras que son muchas las que aún no han adaptado sus normativas, lo que pone en riesgo la seguridad económica de sus ciudadanos más vulnerables.