En el seno del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes se ha manifestado una inquietud sobre el impacto que los recientes sucesos podrían tener en la percepción pública de la Justicia en España.

Madird, 24 de junio. La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha expresado un mensaje de "máxima tranquilidad" en relación con las investigaciones que enfrenta el ministro Félix Bolaños, a quien un juez ha solicitado que sea investigado por presuntos delitos de malversación y falso testimonio en el contexto de la contratación de una asesora vinculada a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez.

Durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Alegría subrayó que el Gobierno está al tanto de la instrucción judicial y considera que este es solo un episodio más dentro del proceso. La ministra reafirmó la confianza tanto del Gobierno como de Bolaños en que el Tribunal Supremo procederá de manera profesional y que las circunstancias se aclararán pronto.

Interrogada sobre la posibilidad de que el Supremo decida asumir el caso o sobre la eventual imputación de Bolaños, la ministra mantuvo una postura serena, señalando la confianza en la imparcialidad del alto tribunal para esclarecer los hechos.

A pesar de la calma exterior, fuentes del Ministerio han reconocido que existe cierta preocupación por cómo esta situación podría afectar la imagen pública del sistema judicial. No obstante, también destacan que la divulgación anticipada de la declaración del ministro ha permitido que la ciudadanía compare los testimonios y la documentación presentada.

En cuanto a las acusaciones específicas formuladas por el juez Peinado, las fuentes ministeriales clarificaron que se ha malinterpretado un comentario hecho por Bolaños respecto a la persona responsable del nombramiento de la asesora, lo que ha llevado a confusiones sobre el testimonio ofrecido por distintas partes involucradas. La persona en cuestión, a pesar de haber negado inicialmente su rol, finalmente corroboró haber supervisado a la asesora mencionada.

En relación con las acusaciones de malversación, se argumenta que las responsabilidades recaen en la Secretaría General de la Presidencia, quienes supuestamente deberían haber estado al tanto de cualquier uso indebido de recursos públicos en la esfera privada de Gómez. Sin embargo, las mismas fuentes indican que la documentación y los testimonios disponibles han evidenciado que la Secretaría no participó en el nombramiento de la asesora y que, hasta ahora, no hay pruebas que sugieran un manejo irregular de recursos públicos.

Desde el Ministerio, se observa un paralelismo con el caso de Juan José Güemes, donde se emitieron imputaciones basadas en testimonios erróneos, posteriormente corregidos por un tribunal de mayor instancia. En este contexto, se espera que la situación actual también se resuelva favorablemente, manteniendo la confianza en la veracidad del proceso judicial.