En un relevante encuentro celebrado hoy en Madrid, el Ministerio de Función Pública reafirmó su propuesta de aumentar el salario de los funcionarios un 11% durante el periodo 2025-2028. Esta reunión con los representantes de los sindicatos CCOO, UGT y CSIF resultó en un compromiso del Gobierno para implementar un Real Decreto-Ley que permitirá un aumento del 2,5% en diciembre, retroactivo desde el 1 de enero de este año, según han indicado fuentes de los sindicatos.

El incremento salarial del 11% que propone el Gobierno tendrá carácter fijo, a diferencia del acuerdo anterior que incluía elementos variables. Según CCOO, esta nueva estructura podría resultar en un aumento total de hasta el 11,45% entre 2025 y 2028, gracias a una actualización en las tablas salariales.

A pesar de estas propuestas, CCOO ha expresado que el principal punto conflictivo radica en el porcentaje de aumento salarial que el Gobierno está dispuesto a ofrecer para 2025 y 2026, limitado a un 4% para ambos años, lo cual han calificado de "insuficiente".

El sindicato ha manifestado su compromiso de seguir adelante con las negociaciones, resaltando la confianza en que es posible encontrar un acuerdo beneficioso. Sin embargo, también se han planteado medidas de presión, incluyendo la posibilidad de movilizaciones y una huelga en el sector público, si el Gobierno no muestra avances en sus posiciones.

Las partes volverán a encontrarse el próximo miércoles a las 18:00 para continuar la discusión sobre los términos de este acuerdo. La reunión de hoy, que se extendió más de cinco horas, estuvo liderada por la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, y forma parte del proceso de negociación que busca establecer un marco plurianual que beneficie a más de tres millones de empleados públicos.

Es importante recordar que el anterior acuerdo salarial, que estuvo vigente de 2022 a 2024, contemplaba tanto incrementos fijos como variables, logrando un aumento de aproximadamente el 10% en los salarios de los funcionarios, todo esto en un contexto de inflación que superaba el 10% en el momento de su firma, lo que resultó en un coste cercano a los 13.000 millones de euros.