El inspector de la Policía Nacional, Bonifacio Díaz, ha desmentido las acusaciones de haber llevado a cabo investigaciones ilegales contra miembros de Podemos, según su declaración como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Este lunes, Díaz destacó que cualquier acción que llevó a cabo fue siempre bajo la instrucción directa de sus superiores.

Desde el ámbito jurídico, se ha indicado que el inspector solo respondió a un par de preguntas de su defensa, reiterando que nunca ha infringido la inviolabilidad de los representantes electos de la formación morada. Su declaración se centra en su papel dentro de la institución y en las directrices que ha seguido en el ejercicio de sus funciones.

En el desarrollo de su testimonio, Díaz hizo mención a sus viajes a Estados Unidos, aclarando que todos ellos fueron organizados y autorizados por sus superiores, lo que plantea interrogantes sobre la legalidad de tales desplazamientos en el contexto de las investigaciones mencionadas.

No se puede pasar por alto lo que el exviceministro de Energía de Venezuela, Nervis Villalobos, reveló en su testimonio a finales de marzo. Según Villalobos, Díaz se reunió con él en octubre de 2015 en Washington con el fin de obtener información sobre Podemos, sugiriendo que había un interés por desmantelar la imagen del partido en territorio español.

Villalobos describió que quienes se acercaron a él en Estados Unidos, incluyendo al 'lobbista' Martín Rodil, estaban en búsqueda de testimonios que pudieran respaldar acusaciones de financiación irregular hacia Podemos. Afirmó también que a su regreso a España le insistieron en estos temas, incluso proporcionándole fichas policiales sobre ciertos miembros del partido.

En esta misma investigación, el juez ha citado a un agente que había indagado sobre Pablo Iglesias tras recibir información que supuestamente involucraba a Miguel Urbán, un exdirigente del partido, en actividades relacionadas con el tráfico de drogas. Este conjunto de acciones ha llevado a la fiscalía a cuestionar la legalidad de las indagaciones realizadas.

El magistrado está llevando a cabo una investigación para esclarecer si se realizaron averiguaciones sin el control judicial pertinente sobre diversos miembros de Podemos, lo que plantea un profundo dilema sobre la ética en las operaciones policiales.

A raíz de la solicitud de Podemos, el juez accedió a investigar al inspector de policía y a otro agente vinculado al caso. Este último fue convocado para evaluar si había un fundamento válido para investigar a Iglesias solo porque otro individuo del mismo partido se encontraba bajo investigación por presuntos delitos de narcotráfico.

En el proceso, el juez admitió la acción legal presentada por Podemos, que acusa de organización criminal, violación de secretos y otros delitos graves. Sin embargo, desestimó ciertas acusaciones relacionadas con malversación, argumentando que no se ajustaban a los hechos expuestos.

Podemos, en su denuncia, argumentó que los querellados, bajo la supuesta dirección del entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, realizaban indagaciones extrajudiciales sobre miembros del partido, usando su posición para filtrar información a los medios con el objetivo de desacreditar públicamente a la organización.

La denuncia sostiene que estas acciones se concretaron en al menos ocho ocasiones, incluyendo una investigación al entonces líder del partido, Pablo Iglesias, así como la difusión de documentos falsificados para dar apariencia de legitimidad a las accione de los implicados en esta serie de irregularidades.