El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dictado una orden de búsqueda y captura de Khadem Abdulla Butti Al Qubaisi, ex líder de Cepsa, quien está bajo investigación por presuntos delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal, relacionados con la venta de la emblemática Torre Foster en Madrid, conocida también como Torre Cepsa.

En un fallo reciente, el magistrado propuso a la Fiscalía que inicie un procedimiento para el decomiso de más de 34 millones de euros que han sido congelados en sociedades vinculadas a Al Qubaisi, así como de varias propiedades inmobiliarias en localidades como Marbella, Estepona y Madrid, junto con obras de arte que han sido incautadas por los tribunales.

El juez también solicitó a la Fiscalía que evalúe la posibilidad de emitir órdenes de arresto a nivel europeo e internacional para capturar al acusado, dada la falta de cooperación de las autoridades judiciales de Emiratos Árabes Unidos, a pesar de los esfuerzos realizados para obtener su colaboración. Calama subrayó que ha habido un "muro de silencio" por parte de esos organismos.

En relación a las órdenes de captura, el juez indicó que es esencial contar primero con un informe de la Fiscalía. Además, ha decidido archivar provisionalmente el caso de tres individuos y de las empresas Muscari Properti BV y Muscari Development BV en España, debido a su insuficiente estructura interna, la cual no justifica su relevancia en este contexto y su creación parece estar enfocado exclusivamente en la ejecución de los delitos acusados.

El juez ha detallado cómo la transacción de la Torre Foster en 2016 generó beneficios de 100 millones de euros para Al Qubaisi, quien supuestamente utilizó una serie de entidades instrumentales para lavar los capitales obtenidos de manera ilícita y para evadir las obligaciones fiscales correspondientes a las ganancias generadas por estas actividades delictivas.

Calama sostiene que estas acciones constituyen un delito serio de blanqueo de capitales, resaltando que Al Qubaisi es el verdadero autor y beneficiario de los fondos involucrados en esta operación. Este comportamiento plantea también una posible violación de la normativa tributaria española, ya que las ganancias obtenidas no fueron adecuadamente tributadas en el país.

El magistrado afirmó que Al Qubaisi formó y utilizó diversas sociedades con fines fraudulentos para ocultar la procedencia de su dinero, eludió al fisco y, a través de complejas maniobras legales, enmascaró las auténticas relaciones comerciales implicadas en el caso.

Asimismo, el juez introdujo la figura del decomiso autónomo, que permite al Estado privarse de bienes ilícitamente obtenidos, incluso si el responsable no puede ser juzgado. Considera que la Fiscalía debería actuar con urgencia y presentar la demanda para garantizar que el Estado reciba los más de 34 millones bloqueados y las propiedades incautadas.

Calama enfatiza que no se debe permitir que sociedades de naturaleza fiduciaria, creadas específicamente para este tipo de operaciones, se conviertan en guisantes del patrimonio desviado de Al Qubaisi, que enfrenta graves acusaciones. Naser Almur Alzaabi, señalado como su testaferro, ha actuado únicamente como una figura decorativa en este esquema para tratar de evitar las medidas judiciales impuestas sobre sus activos.

El juez concluyó que Al Qubaisi ha artífice de una estructura empresarial diseñada para facilitar el blanqueo y la evasión fiscal relacionadas con su enriquecimiento ilícito, lo que refuerza la necesidad de mantener las cautelares existentes sobre su patrimonio mientras se intensifican las investigaciones en su contra.