En relación a los acontecimientos que rodean el caso Montoro, el magistrado Rubén Rus, encargado de la investigación en Tarragona, ha decidido permitir la participación del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en la causa, pero ha desestimado las solicitudes de personación de Rodrigo Rato y Juan Carlos Monedero. Esta decisión ha suscitado un debate sobre la transparencia y la responsabilidad política en el ámbito fiscal.

El juez ha determinado que Cristóbal Montoro, quien ocupó el cargo de ministro de Hacienda, no cometió ninguna irregularidad al acceder a la información fiscal de figuras públicas como Rato o Monedero, ya que este acceso estaba dentro del ámbito de sus responsabilidades. Según el auto judicial, Montoro estaba autorizado a recibir datos relevantes sobre la fiscalidad de estas personalidades, pues su papel le confería legitimidad para conocer esos detalles.

El magistrado ha indicado que la información se transmitía a través de comunicaciones internas entre Montoro y su jefe de gabinete, Felipe Martínez Rico, quien se encargaba de remitirle los datos. Estas interacciones no involucraban a terceros y se llevaban a cabo en un marco de responsabilidad y funcionalidad del cargo del ministro, según las declaraciones del juez.

Uno de los puntos clave del auto es que, para que se considere delito la revelación de secretos fiscales, es necesario que la información sea clasificada como reservada y que quien acceda a ella no esté legalmente autorizado. En este caso, tanto Montoro como su jefe de gabinete tenían el acceso permitido a esos datos, lo que exime a Montoro de cualquier acto ilícito relacionado con la revelación de información confidencial.

El juez subraya que, dado que Montoro estaba al mando de la Secretaría de Estado de la Agencia Tributaria, su conocimiento de ciertos datos fiscales formaba parte natural de sus funciones como ministro. Esta argumentación deja claro que cualquier información que recibiera no estaba destinada a un uso perjudicial, sino que obedecía a su labor de coordinación y supervisión.

La investigación del caso, que se remonta a siete años atrás, examina presuntas irregularidades en la gestión de Montoro y su equipo, quienes son acusados de favorecer a empresas del sector gasístico durante su mandato. Esto genera una preocupación sobre el uso de la información fiscal y su posible manipulación a favor de ciertos intereses privados.

Fuentes del ámbito jurídico han señalado que el magistrado no solo ha rechazado las solicitudes de Rato y Monedero, sino que su enfoque también se inscribe en un contexto más amplio de rendición de cuentas en el ámbito político y fiscal. El PSOE ha sido el único partido al que se le ha permitido formalizar su participación en el caso, lo que plantea preguntas sobre el papel de los partidos en asuntos de corrupción y transparencia.

En octubre de 2023, los abogados de Rato intentaron formalizar su condición de perjudicados al conocer por la prensa la existencia de correos electrónicos de la Agencia Tributaria que lo involucraban. Del mismo modo, Monedero planteó una solicitud similar, alegando que las informaciones publicadas lo afectaban directamente, lo que pone de relieve el grado de tensión y la relevancia mediática de este asunto judicial.