La situación legal del empresario Álvaro Romillo, conocido como 'Cryptospain', ha dado un giro significativo con la remisión de su denuncia al Tribunal Supremo, efectuada por el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama. La causa involucra al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, quien, según se indica, podría estar implicado en un presunto acto de financiación ilegal de partidos políticos mediante la recepción de 100.000 euros destinados a su formación, 'Se acabó la Fiesta'.

En un movimiento decisivo, el magistrado Calama ha elaborado un documento detallado, publicado por Europa Press, donde justifica la necesidad de que el Supremo tome cartas en el asunto. Argumenta que hay "indicios sólidos" que apuntan a la responsabilidad penal de Pérez, designándolo como el tribunal competente para proceder debido a su estatus de aforado.

Además, el juez ha incluido en esta remisión las pruebas y argumentos que apuntan a que Romillo también merece ser investigado. Calama observa que la colaboración entre ambos personajes evidencia una "íntima conexión" en sus comportamientos, describiendo sus acciones como "la cara y cruz de una misma moneda". Esta dinámica es objeto de interés particular por la posible implicación de donaciones ilegales.

Con respecto a Romillo, el magistrado sugiere que sus acciones podrían estar alineadas con una "actividad activa de donación o de aportaciones ilegales", una figura delictiva que penaliza la entrega de recursos a partidos políticos de forma encubierta o a través de intermediarios.

La decisión de Calama surge tras la admisión anterior de la denuncia de Romillo contra Pérez en octubre. En esa ocasión, el juez ya había indicado que los acontecimientos descritos podrían sobrentender un delito de financiación ilegal de partidos. Aunque se le ofreció a Pérez la oportunidad de declararse en noviembre, no cumplió con la cita judicial.

Al remitir la denuncia al Supremo, el juez también ha incluido documentos relevantes, informes periciales y la declaración del propio empresario, quien actualmente es examinado en otra investigación vinculada a una presunta estafa relacionada con la plataforma Madeira Invest.

La investigación ha generado indicios que sugieren que el eurodiputado Pérez buscó la colaboración de Romillo para establecer una wallet, o monedero digital, destinada a la recepción de donaciones anónimas, garantizando que estas quedaran fuera del radar del control público.

Estas donaciones, más que simples aportaciones, estaban destinadas a cubrir los costos de la campaña electoral del 2024, bajo la supervisión de 'Se acabó la Fiesta', donde Pérez ocupa un rol preponderante. La colocación de estos fondos se articula bajo la premisa de financiar actividades que podrían eludir la normativa vigente sobre financiación electoral.

En sus alegaciones, Calama también menciona que los servicios de Romillo incluidos en la apertura de la wallet y la entrega de los 100.000 euros se realizaron con la intención ulterior de que Pérez pudiera publicitar su plataforma bancaria Sentinel y su empresa Madeira Invest Club en varios foros.

Se añade que esta estrategia tenía como objetivo atraer nuevos inversores, a los cuales se les cobraba un 10% de la inversión, una cláusula que Calama menciona que sería compartida entre Romillo y Pérez si llegaban a un acuerdo viable.

El juez resalta que el primer acto formal de colaboración entre ambos tuvo lugar en un evento en el hipódromo de la Zarzuela, donde Pérez, ante una audiencia masiva, promovió su plataforma, argumentando que se encontraba fuera de cualquier regulación financiera y prometía altos rendimientos sin la carga de impuestos.

En paralelo, Pérez presentó su propuesta política centrada en la libertad financiera, mientras Romillo informaba sobre una recaudación significativa que dejó entrever los intencionados movimientos en el sector financiero bajo su órbita.

En términos legales, Calama califica estos acontecimientos como potencialmente constitutivos de un delito de financiación ilegal, tal como se detalla en el artículo 304 bis del Código Penal, sugiriendo que la naturaleza de estos actos podría darse con la mera entrega de las donaciones, sin requerir un resultado específico.

Adicionalmente, la conducta de Pérez podría estar sujeta a otro delito electoral, vinculado al falseo de cuentas de partidas y agrupaciones políticas, lo que impacta gravemente el juego electoral democrático y la representación del voto popular, al ocultar así la verdadera fuente de financiación y quebrar los marcos legales establecidos.

El magistrado concluye enfatizando que tales conductas comprometen valores constitucionales esenciales, abriendo así un debate profundo sobre la ética y la legalidad en el financiamiento político en el contexto español.