En una nueva y preocupante revelación, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha sido designado como juez de garantías en la investigación que lleva a cabo la Fiscalía Europea sobre contratos suscritos durante la primera etapa de la pandemia por el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de las Islas Baleares. Estos contratos están vinculados a una presunta trama en la que se sospecha la participación de Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, para el suministro de mascarillas.

Según fuentes jurídicas informadas por Europa Press, García Castellón desempeñará un papel crucial como juez de garantías para otorgar autorización a las diligencias que la Fiscalía Europea pretende llevar a cabo en el marco de esta investigación.

Cabe destacar que el magistrado García Castellón ya ha estado involucrado en investigaciones de alto perfil en la Audiencia Nacional, como el caso del expresidente catalán Carles Puigdemont relacionado con un presunto delito de terrorismo en referencia a la plataforma independentista 'Tsunami Democràtic' en octubre de 2019. Esta investigación fue posteriormente asumida por el Tribunal Supremo debido a la condición de aforado de Puigdemont en calidad de eurodiputado, abriéndole una causa penal por unanimidad.

La decisión de que la Fiscalía Europea intervenga en este asunto surgió después de recopilar información relevante de la Fiscalía Anticorrupción y del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, quienes están llevando a cabo investigaciones en España sobre siete miembros de la presunta 'trama Koldo'. Esta trama se sospecha que realizaba pagos irregulares para asegurar contratos de suministro de mascarillas con la Administración durante el inicio de la pandemia. Asimismo, se han recopilado datos de los organismos encargados de gestionar la financiación de la Unión Europea para obtener un panorama más completo sobre el caso.

Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción española envió documentación específica a la Fiscalía Europea el 8 de junio de 2023 mediante un decreto, debido al impacto que tiene en los fondos de la Unión Europea. Según fuentes cercanas a la investigación consultadas por Europa Press, los contratos bajo escrutinio involucran acuerdos firmados con las comunidades autónomas dirigidas en ese momento por Francina Armengol y Ángel Víctor Torres.

En detalle, se trata de cuatro contratos firmados por Canarias y uno por Baleares con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL entre abril y mayo de 2020, con un importe total de 16.019.079 euros, según la querella presentada por el Ministerio Público español.

En el caso de Canarias, los contratos incluyen el suministro de mascarillas KN95 y FFP2, así como servicios de transporte y fletes aéreos. En el caso de Baleares, se ha registrado un contrato de suministro de mascarillas FFP2 por un monto significativo, todos suscritos en un período crítico de la lucha contra la pandemia.