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Sociedad 30 de Marzo de 2026 · 12:00h 2 min de lectura

El nuevo acuerdo entre Gobierno, Iglesia y Defensor no establece límites en las indemnizaciones a víctimas de abusos, abordará cada caso individualmente.

MADRID, 30 de marzo.

En un significativo paso hacia la justicia, el Gobierno español, junto con la Iglesia católica y el Defensor del Pueblo, ha establecido un protocolo destinado a reparar a las víctimas de abusos sexuales dentro del ámbito eclesial. Este acuerdo, firmado el pasado 30 de marzo, no incluye parámetros de indemnización específicos y anuncia el 15 de abril como la fecha a partir de la cual las víctimas podrán presentar sus solicitudes de reparación.

Durante la conferencia de prensa, Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, dejó claro que el protocolo no menciona "baremos" de indemnización. En sus palabras, el enfoque se centra en "ofrecer una reparación integral" en lugar de establecer cifras fijas.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, explicó que la ausencia de baremos se debe a que cada caso será evaluado detenidamente por expertos del Defensor del Pueblo y del Plan PRIVA de la Iglesia. “No se trata de imponer cifras estandarizadas, sino de considerar la singularidad de cada situación”, afirmó.

Bolaños también enfatizó que aunque no hay cifras específicas, el acuerdo sí delimita criterios importantes, como la gravedad del daño sufrido y la repetición de los abusos. "La reparación justa no debería estar dictada por un simple número", subrayó durante la comparecencia.

Asimismo, destacó que la autoridad final en estos casos recaerá en el Defensor del Pueblo, quien decidirá la cantidad a ser compensada, que será asumida por la Iglesia. “Es fundamental garantizar que las decisiones sean justas y ajustadas a la realidad de cada víctima”, concluyó.

Finalmente, Bolaños indicó que las víctimas que ya se han acercado al PRIVA tendrán la opción de recurrir al Defensor del Pueblo para revisar su situación, lo que permitirá que se evalúe si la indemnización otorgada inicialmente “merece ser ajustada o incluso mejorada”.

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