En Madrid, el 2 de diciembre, se ha dado un paso significativo en la promoción de la educación inclusiva y accesible. La Comisión Mixta del Congreso y del Senado, encargada de supervisar la Estrategia Española para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ha respaldado una importante moción del Partido Popular que aboga por la gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil.

Esta moción exige que el Gobierno asuma la responsabilidad de financiar este ciclo educativo, distribuyendo equitativamente los costos entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Esta es una medida que busca aliviar la carga económica sobre las familias, asegurando que la educación infantil no sea un privilegio, sino un derecho accesible para todos.

Además, se ha instado al Gobierno a que promueva una oferta suficientemente amplia de plazas y explore diversos modelos de financiación. Esto no solo busca satisfacer la demanda de las familias, sino también garantizar que los padres puedan elegir libremente la educación que desean para sus hijos. Un aspecto crucial de esta moción es la petición de implementar medidas compensatorias para aquellos niños que se encuentren en situaciones de desventaja social, económica y cultural, asegurando que la falta de recursos no limite su acceso a una educación de calidad.

Otro objetivo de la moción es garantizar el apoyo educativo necesario para los alumnos que requieran atenciones específicas, de modo que se asegure una educación inclusiva, en la que cada niño reciba la atención que merece, sin importar sus circunstancias personales.

En una votación separada, se ha aprobado otra moción del PP que busca reforzar la economía rural mediante la implementación de incentivos fiscales. Esta iniciativa, respaldada por 20 votos a favor y 15 en contra, pretende mejorar la competitividad de las actividades económicas en el campo, atrayendo a jóvenes a vivir y trabajar en estas áreas y mejorando así la percepción social y económica del entorno rural.

Asimismo, los populares han solicitado que el Ejecutivo impulse la innovación en el sector agroalimentario y facilite que las empresas rurales y los municipios se adapten a las normativas de seguridad alimentaria, automatización y sostenibilidad ambiental. Esto es vital para preparar el sector agrícola ante los retos contemporáneos.

Para continuar con estos esfuerzos, se insta al Gobierno a convocar, en un plazo no mayor a tres meses, una Conferencia Sectorial dedicada a evaluar el progreso en el relevo generacional en el ámbito agroalimentario. Esta conferencia será clave para definir un catálogo de medidas concretas que se comprometieron en julio de 2024, con el objetivo de asegurar una mayor presencia juvenil en el sector.

Por último, se propone que se discuta la posición de España respecto a la reciente Estrategia de relevo generacional en la agricultura presentada por la Unión Europea, la cual abarca cinco áreas prioritarias: acceso a la tierra, financiación, formación, condiciones de vida en las zonas rurales y apoyo a la sucesión en el ámbito agrícola.