El debate sobre la fiscalidad y el salario mínimo en España ha tomado un giro interesante, con el vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, mostrando sus dudas sobre la capacidad del Congreso para revertir la subida de impuestos propuesta por el Gobierno. Según Bravo, el Ejecutivo tiene la capacidad de obstaculizar estas iniciativas, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad de los esfuerzos de la oposición.

En una reciente conversación en 'Las Mañanas' de RNE, Bravo mostró satisfacción ante las declaraciones de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien aboga por que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no esté sujeto al IRPF. Esta postura se alinea con la posición histórica del PP y resuena con su demanda por una fiscalidad más justa.

El dirigente del PP expresó: "Hemos venido defendiendo durante mucho tiempo la necesidad de ajustar y reducir la carga fiscal, no simplemente aumentar impuestos". Bravo ve en la reciente alineación de Díaz un eco de las posiciones que su partido ha mantenido durante años, destacando la relevancia de esta polémica en el actual panorama político.

Asimismo, el vicesecretario recordó que la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había asegurado que mientras estuviera en el Gobierno, nunca aumentaría los impuestos a las clases medias y bajas y sugirió que el SMI debería estar libre de tributación. Esta aparente contradicción en la postura del Gobierno provoca la ironía de Bravo, quien se cuestionó públicamente qué había cambiado en un año para que la narrativa sobre el impuesto se alterara.

Al abordar el futuro de la cotización, Bravo se mantuvo escéptico sobre la posibilidad de que la mayoría del Congreso tumbe la iniciativa socialista. Resaltó que el Gobierno ha bloqueado previamente intentos de la oposición de implementar reducciones fiscales, lo que limita las posibilidades de avance en este ámbito.

El vicesecretario del PP lamentó la situación de aquellos que perciben el salario mínimo, sugiriendo que la actual configuración fiscal podría traducirse en una pérdida significativa de poder adquisitivo, que se estima en casi 100 euros en comparación con el año anterior. Esto vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de una revisión fiscal que beneficie a los ciudadanos más vulnerables.