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El PP arremete contra los candidatos del PSOE tras acuerdo de financiación con ERC.

El PP arremete contra los candidatos del PSOE tras acuerdo de financiación con ERC.

El Partido Popular, bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido este jueves contra los representantes del PSOE en las comunidades de Aragón, Castilla y León y Andalucía. Las miradas se centran en figuras como la ex portavoz gubernamental Pilar Alegría, el secretario general en Castilla y León, Carlos Martínez, y la vicepresidenta María Jesús Montero. Este ataque se produce a raíz del reciente acuerdo de financiación alcanzado entre el presidente Pedro Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras.

Este acuerdo, que fue anunciado por Junqueras tras una reunión en el Palacio de la Moncloa, implica un incremento de 4.700 millones de euros en el presupuesto de Cataluña, lo que representa un aumento del 12% en su capacidad económica y el reconocimiento del principio de ordinalidad. Los detalles específicos de este pacto se darán a conocer el viernes por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Feijóo ha criticado al Gobierno, acusando a Sánchez de intentar "salvar" un Ejecutivo que se encuentra "hundido" gracias a este entendimiento con ERC. El líder del PP enfatizó que los derechos e igualdad de los españoles no deberían ser utilizados como un instrumento en negociaciones políticas.

En los últimos días, otros miembros del Partido Popular han expresado su descontento con el acuerdo, especialmente con las próximas elecciones en mente. Las votaciones en Aragón están programadas para el 8 de febrero, seguidas de elecciones en Castilla y León en marzo y en Andalucía más adelante en junio.

Ester Muñoz, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, ha arremetido contra el supuesto "progresismo" del PSOE, señalando que en este acuerdo se favorece a quienes más tienen. A través de un mensaje en la red social 'X', ha declarado que Sánchez está "comprando con dinero público la complicidad de ERC para ocultar su corrupción y los escándalos de acoso sexual que han sacudido el entorno del Gobierno".

Muñoz no ha escatimado en críticas, señalando que el acuerdo del PSOE con ERC implica una ruptura de la solidaridad entre las diferentes comunidades autónomas y ha lanzado un desafío a los líderes socialistas, preguntando qué tienen que decir sobre este acuerdo.

Dolors Montserrat, secretaria general del Partido Popular Europeo, no se dejó amedrentar y se expresó sobre el pacto, sugiriendo que Alegría y Montero enfrentan graves dificultades al solicitar el voto de aquellos que han insultado con este acuerdo. Agregó que la situación actual es una inversión de roles en la que aquellos que antes fueron procesados son recibidos con honores.

Carmen Fúnez, vicesecretaria de Política Social del PP, también se unió a las críticas, afirmando que el PSOE se está presentando a las elecciones como un "epicentro de la corrupción". Según ella, esto representa una humillación no solo para los ciudadanos, sino para los principios democráticos. La política del PSOE, de utilizar recursos públicos para salvaguardar su posición, es, en su opinión, una forma más de corrupción.

Fúnez resaltó que Sánchez está cediendo ante los independentistas y negociando sin dar explicaciones claras, mientras que Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional, ha categorizado el pacto como una forma de "discriminación entre españoles", enfatizando que busca dividir en lugar de unir.

Respecto a las próximas elecciones, los presidentes autonómicos del PP, Jorge Azcón, Alfonso Fernández Mañueco y Juanma Moreno, han alzado la voz en contra de este acuerdo. Azcón advirtió que la mayor amenaza para los servicios públicos en Aragón proviene precisamente de la negociación Sánchez-Junqueras, describiéndola como un insulto a los ciudadanos.

El líder de Castilla y León ha prometido defender los intereses de su comunidad en todas las instancias legales necesarias, incluso llevando el acuerdo al Tribunal Constitucional. De igual manera, el presidente de Andalucía dejó claro que su región no tolerará un nuevo "maltrato" por parte del Gobierno en términos de financiación que comprometa la igualdad entre comunidades.