En un reciente pronunciamiento, Paloma Martín, vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del Partido Popular (PP), ha arremetido contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de ser el principal responsable de que la vivienda se haya convertido en la preocupación prioritaria para los españoles en la actualidad. Tal situación contrasta con hace seis años y medio, cuando Sánchez asumió su cargo en La Moncloa, momento en el que la cuestión de la vivienda ocupaba el decimosexto puesto en la lista de inquietudes de los ciudadanos.

Martín enfatizó que, según los últimos datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de diciembre, la crisis habitacional refleja el “absoluto fracaso de las políticas” del actual Gobierno. “La vivienda cierra el año como principal problema de los españoles por culpa del Gobierno”, sentenció la dirigente popular en sus declaraciones a la prensa.

Además, Martín recordó que el Banco de España ha proyectado que, para el año 2025, se requerirán más de 600.000 nuevas viviendas. Sin embargo, desde el 2021, la producción anual se mantiene estancada en apenas 90.000 unidades, lo que ha generado un “desorbitado” déficit habitacional que ha servido de catalizador para el alza desmedida en los precios, según su análisis.

La vicesecretaria del PP también criticó el notable descenso de la inversión en el sector inmobiliario, que ha caído un 30% en el último año. A su juicio, este hecho responde a la “desconfianza” que ha sembrado el actual Ejecutivo y a la “falta de credibilidad” de sus políticas. “Ni los jóvenes, ni los pequeños ahorradores, ni las empresas que invierten en construir vivienda se fían de sus promesas incumplidas”, expresó Martín.

Desde la bancada popular, se ha exigido la derogación de la Ley de Vivienda implementada por el Gobierno, ya que, según Martín, esta legislación “lastra la oferta y dispara los precios”. Además, ha reclamado la aprobación de la Ley contra la ocupación, que ya cuenta con el respaldo mayoritario en el Senado, y ha instado a que se agilicen los trámites para la movilización de suelo y la reducción de la burocracia que actualmente entorpece la obtención de licencias de obra.

“Mientras los okupas tengan más derechos que los propietarios, y el mercado continúe intervenido sin la debida movilización de suelo, será imposible levantar las barreras que obstaculizan la construcción y rehabilitación de viviendas. En consecuencia, el acceso a la vivienda seguirá siendo un problema crítico”, advirtió, anticipando un panorama cada vez más sombrío en ese ámbito.

Finalmente, Martín destacó que la escasez de oferta debe ser abordada con urgencia, ya que está detrás del incremento de precios “inasumible” que, a su vez, retrasa la emancipación de los jóvenes, que se sitúa ahora en 30,4 años, cuatro años más que la media europea. “La brecha asciende, asfixia las economías familiares y provoca desasosiego e incertidumbre en nuestros mayores”, concluyó, resaltando que casi la mitad de la partida presupuestaria destinada por el Ejecutivo para promover el acceso a la vivienda y la edificación en 2023 permanece sin ejecutar.