En un intento por potenciar el comercio local, el Partido Popular (PP) ha presentado una nueva propuesta en el Congreso para que el Gobierno implemente un plan que favorezca los negocios de proximidad en las localidades que albergan centros penitenciarios. Esta iniciativa incluye medidas como ayuda financiera directa, asesoramiento técnico y diversas acciones de promoción comercial.

La propuesta, que será discutida en la Comisión de Interior, sostiene que los municipios que cuentan con centros penitenciarios enfrentan diversas cargas que a menudo no son compensadas adecuadamente en términos económicos, según el criterio del PP. Argumentan que estas localidades enfrentan una “descompensación” en sus finanzas debido a la naturaleza estatal de estos centros, que están exentos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) bajo la legislación vigente.

El partido considera que esta exención, combinada con la elevada utilización de recursos y servicios públicos, repercute desfavorablemente en el presupuesto municipal, afectando especialmente a aquellos ayuntamientos de menor tamaño y con menos recursos económicos. Según el PP, la presencia de un centro penitenciario no se traduce necesariamente en una mejora económica local, dado que muchos de los empleados no residen en la zona y el tránsito de visitantes y familiares no resulta suficientemente beneficioso para la economía local.

Frente a esta situación, el PP opina que incentivar el comercio local es una estrategia esencial para impulsar la economía de estos municipios, crear empleos, incrementar la recaudación fiscal indirecta y, sobre todo, fortalecer la cohesión social.

Además, dentro de su propuesta, el PP sugiere una colaboración entre diferentes administraciones, como diputaciones y comunidades autónomas, para desarrollar incentivos fiscales y líneas de crédito dirigidas al pequeño comercio. También proponen establecer convenios entre los ayuntamientos y los centros penitenciarios para facilitar que las personas en proceso de reinserción puedan realizar prácticas laborales en comercios locales, cooperativas y redes de economía social.

La iniciativa incluye, asimismo, el llamamiento al Gobierno para que organice campañas de sensibilización enfocadas en el consumo local, que se dirijan tanto a los residentes como a los trabajadores y visitantes de los centros penitenciarios. Por último, se insta a considerar sistemas de compensación económica que reconozcan el esfuerzo de los municipios que soportan la carga de ofrecer servicios e infraestructuras sin recibir una compensación fiscal adecuada.