MADRID, 3 de diciembre. Este miércoles, el Senado español se prepara para abordar un nuevo episodio de tensión constitucional, impulsado por el Partido Popular (PP), debido al veto del Gobierno de Pedro Sánchez sobre ciertas enmiendas a la Ley de Movilidad Sostenible.

De acuerdo con el orden del día del Pleno del Senado, al que ha tenido acceso Europa Press, se activará el procedimiento que podría llevar el conflicto hasta el Tribunal Constitucional. Este nuevo enfrentamiento añadido refleja una dinámica institucional que ha caracterizado las relaciones entre el Senado y el Congreso en los últimos tiempos.

El PP, que ostenta la mayoría absoluta en el Senado, utilizará este poder para aprobar el conflicto con el Congreso. Esto implica que la Cámara Alta reclamará el asunto y lo remitirá al Congreso para su consideración. Según el procedimiento, el Congreso y el Gobierno contarán con un mes para responder, aunque también pueden optar por no hacerlo, lo que podría dar lugar a que el Senado eleve el asunto al Tribunal Constitucional si no se logra un acuerdo.

Este choque institucional se origina en la tramitación de la Ley de Movilidad Sostenible, donde el PP logró introducir varias enmiendas que luego fueron aceptadas por el Congreso. Sin embargo, el Gobierno decidió vetar algunas de ellas, argumentando que comprometían el equilibrio financiero.

Las enmiendas que están en el centro de la controversia son las números 118 y 148, las cuales proponen la adición de un nuevo artículo y una disposición transitoria a la ley en cuestión. El artículo 61 bis, en particular, estipula que el Ministerio de Transportes debe destinar anualmente una parte de los Presupuestos Generales para impulsar la movilidad sostenible, excluyendo el ámbito urbano e interurbano.

Esta asignación está destinada a financiar proyectos que permitan desarrollar una red de infraestructura de recarga pública, priorizando las áreas interurbanas menos rentables, así como iniciativas para renovar las flotas de transporte de mercancías y pasajeros con el fin de reducir su huella de carbono. Se prevén diferentes mecanismos de financiamiento, como exenciones fiscales y subvenciones bajo un régimen competitivo o directo.

Por otro lado, la nueva disposición menciona que, si la implementación de esta ley afecta a contratos ya existentes en el sector público, los órganos de contratación deberán considerar compensaciones para los contratistas que enfrenten sobrecostes por las nuevas obligaciones impuestas.