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Nacional 31 de Marzo de 2026 · 08:59h 4 min de lectura

El PP pide reformar el reglamento de prisiones ante las excarcelaciones de etarras vinculadas al acuerdo entre Sánchez y Bildu.

En medio de un creciente debate sobre la política penitenciaria en España, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha exigido una revisión urgente del reglamento que regula las condiciones de los presos, en respuesta a la reciente liberación de miembros de ETA. Según Gamarra, estas decisiones se ven afectadas por un supuesto "pacto político" entre el presidente Pedro Sánchez y el partido Bildu.

La controversia se intensificó cuando se conoció que el preso Ángel Tellería Uriarte ha obtenido semilibertad gracias a la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario. Esta normativa permite a los internos acceder a un régimen más flexible, que les otorga la posibilidad de salir de prisión durante la semana, aunque deben regresar cada noche.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también se unió a la crítica durante una sesión del Congreso, señalando la concesión de semilibertad a figuras como Soledad Iparraguirre, conocida como 'Anboto', quien ha sido condenada a una larga pena por múltiples crímenes. Feijóo cuestionó: "¿Quién será el siguiente, Txapote?", refiriéndose a otros notables exiliados de la organización terrorista.

Tras la controversia alrededor de Tellería, Gamarra ha calificado esta liberación como "otra entrega a Bildu" por parte del Gobierno. Ha insistido en la necesidad de modificar el reglamento penitenciario para que no se realicen excarcelaciones que respondan a conveniencias políticas de Sánchez, sugiriendo que estas decisiones son un reflejo de sus acuerdos con el partido vasco.

En declaraciones a Europa Press, Gamarra argumentó que esta situación representa una "corrupción política y moral" debido a cómo se ha instrumentalizado la política penitenciaria para favorecer acuerdos políticos. A su juicio, esta manipulación reduce a algo personal el tratamiento de los condenados, ignorando el sufrimiento de las víctimas de ETA.

La política de acercamientos de la pasada legislatura, según Gamarra, ha abierto la puerta a la flexibilización de las penas y ha destacado la transferencia de competencias al Gobierno vasco como un hito significativo. Estas acciones han facilitado la concesión de beneficios penitenciarios a los condenados.

El PP sostiene que quienes no muestran arrepentimiento ni colaboran con la justicia no deberían disfrutar de beneficios penitenciarios de manera tan discrecional, enfatizando que hay numerosos asesinatos sin resolver asociados a ETA. Gamarra insistió en que esto representa una profunda injusticia para las víctimas y sus familias.

Subrayando que se trata de terroristas severamente condenados, Gamarra afirmó que las liberaciones actuales son un claro ejemplo de cómo se usa la política penitenciaria para dividir y ganar ventaja política. "Todo esto responde a intereses particulares, no a una mejora para la sociedad", subrayó.

Como respuesta a estas situaciones, el PP ha presentado en el Congreso una proposición no de ley que busca asegurar que aquellos condenados a prisión permanente revisable no tengan acceso a beneficios penitenciarios. Esta iniciativa surge en parte por la controversia generada tras la aplicación del artículo 100.2 a Garikoitz Aspiazu Rubina, conocido como 'Txeroki'.

Para el Partido Popular, resulta "inadmisible" que la aplicación actual de la normativa penitenciaria permita burlas al principio del cumplimiento efectivo de las penas impuestas. Aunque reconoce que muchos de estos condenados no se hallan bajo la pena de prisión permanente revisable, este hecho ha resaltado la urgencia de revisar la legislación penitenciaria para aquellos que sí están condenados bajo ese régimen.

Así, el PP propone que el Gobierno lleve a cabo reformas en la Ley Orgánica General Penitenciaria, apuntando a crear un marco específico que impida que los condenados por terrorismo puedan beneficiarse de un tratamiento que combine modalidades de ejecución de la pena de manera que favorezca su liberación anticipada.

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